Carrusel de la contratación: capturan a tres personas por irregularidades en contrato del IDU

Son asesores, interventores y contratistas vinculados a un proyecto de 2012 que resultó con un incremento de 5.000 millones de pesos.

El contrato, inicialmente, era de 12.000 millones de pesos. Pero, debido a presuntas irregularidades, subió hasta 17.000 millones.

Sobre la diligencia en las instalaciones del IDU, la entidad emitió un comunicado explicando lo sucedido:

1) En relación con una investigación de la Fiscalía General de la Nación al señor Tomás Pachón, ex funcionario del IDU de la administración de Liliana Pardo en el año 2008, el CTI llegó a las instalaciones de la entidad para solicitar información sobre un contrato de espacio público, y pidió el computador y los documentos de un contratista por prestación de servicios del área de infraestructura.

2) La entidad, coherente con sus políticas de transparencia y anticorrupción, y como lo ha hecho siempre, entregó toda la información necesaria a las autoridades. Las diligencias del CTI han sido acompañadas desde un principio por el Oficial de Cumplimiento Antisoborno del Instituto. Así mismo, se aclara que desde mayo el Instituto ha atendido 5 diligencias sobre esta investigación, en las cuales ha entregado toda la información solicitada.

3) Desde el mes de agosto el contrato de espacio público sobre el que hace la investigación la Fiscalía, y del que hace parte el señor Tomás Pachón, se encuentra en curso de un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos y atrasos en su ejecución.

4) Durante la diligencia, ni el Subdirector General de Infraestructura ni ningún otro funcionario o directivo actual del IDU ha sido capturado o vinculado a la investigación.

5) Según la información suministrada por el CTI a la Subdirección de Infraestructura, en la tarde de ayer y fuera de las instalaciones de la entidad, fue detenido un técnico de esa dependencia que tiene un contrato de prestación de servicios.

6) El IDU reitera su absoluta disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer estos hechos, que afectan la reputación de una entidad que en los últimos 4 años se ha caracterizado por una gestión transparente. Además, se constituirá como víctima del proceso penal en defensa de los intereses y recursos de los bogotanos.

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