Carlos Leonardo Lozada Carvalho será el nuevo traductor en la audiencia contra John Poulos por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. Su nombramiento se da tras la renuncia de Martha Lucía Morales,
cuestionada por la forma como interpretó lo dicho en el juzgado desde que inició el caso contra el estadounidense.
El cambio se hizo, según el juez, por la “manifestación que hizo el imputado de su deseo de un cambio de intérprete, petición a la que el despacho accedió”.
Carlos Lozada, agregó el togado, tiene “certificado de idoneidad profesional en traducción e interpretación oficial número 0233 otorgado por la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional”.
Martha Lucía Morales, que fue traductora en la audiencia, presentó su renuncia alegando que había recibido muchas críticas y burlas a través de redes sociales por la forma en que desempeñó su trabajo.
Su labor en la traducción fue cuestionada porque al parecer muchos términos judiciales no fueron interpretados acorde con su significado y también hubo palabras que ella no conocía.
El abogado penalista Julián Quintana consideró que había un problema porque "la persona (procesada), no solamente en las audiencias preliminares de legalización de captura, de imputación de cargos y aseguramiento, sino además incluso desde la misma lectura de los derechos del capturado, se podrían ver perjudicados los derechos si no entiende lo que le está poniendo en el presente".
El abogado penalista Ricardo Burgos dijo en su momento que "la Corte Suprema de Justicia ha establecido que frente a las traducciones a una persona deben ser integrales y que esto sí viola claramente los derechos constitucionales y que nulita todo desde el momento en el que pasaron".
Respecto al caso de John Poulos, criticó "que paraban para hacerle un resumen al señor de lo que estaba pasando en la audiencia. Esto no es así, esto viola no solo garantías, sino derechos fundamentales, derechos humanos, entonces qué tanto va a incidir más allá en la sentencia o en un juicio”.
Por su parte, el penalista Julián Quintana explicó que "si no hay una excelente traducción, porque tiene que ser excelente, se podría estar configurando una posible nulidad, precisamente por ese imperativo que nos impone la ley 906 que nos dice que la persona debe entender de manera clara y precisa los cargos por los cuales lo están imputando o le van a imponer una medida de aseguramiento".
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