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Este viernes, 24 de marzo de 2023, Probogotá Región presentó su informe anual de seguridad 2022, que evidenció una reducción del 11,7% en el índice de homicidios en la ciudad, pasando de 1.142 casos en 2021 a 1.008 en 2022, ubicándose en la cifra más baja desde 1984. Sin embargo, según el análisis realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 77% de la población tiene una percepción de inseguridad.
De acuerdo con el director de seguridad urbana de Probogotá Región, César Restrepo, la reducción de estos indicadores no se traduce en una mayor sensación de seguridad para los habitantes, ya que “la ciudad está caracterizada por un espacio público anárquico, deteriorado, con unas condiciones de salubridad bastante discutibles”, facilitándoles la labor a los delincuentes que se camuflan en estas zonas.
Según los indicadores, el secuestro registró un aumento del 87,5% y el hurto a personas sigue siendo excesivo, aumentando un 26,3%. Por otro lado, las modalidades de robo a residencias, comercios y bienes como automóviles, motos y bicicletas, presentaron una disminución de casos.
El director resalta que uno de los factores por los que se ha mantenido la inseguridad es el déficit de la fuerza pública en Bogotá, donde solo operan entre 210 y 215 policías por cada 100.000 habitantes, cuando deberían ser 420 acorde a las necesidades de la capital.
“En cada turno de vigilancia habría un máximo de 5.300 policías disponibles para cuidar una ciudad de más de ocho millones de habitantes. Eso significa que la ciudad no está bajo control del imperio de la ley y así lo demuestra el aumento sostenido de los hurtos a personas. Los hurtos a personas, en nuestro criterio, es el indicador que más evidencia cómo el espacio público es un espacio perdido”, señala Restrepo.
Ante esta problemática, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó una propuesta donde se comprometía a pagar la formación de 3.000 nuevos policías, con el fin de que prestaran su servicio dentro de la capital del país y se les permitiera conservarlos. Sin embargo, debido a las necesidades del territorio nacional, 1.500 de ellos fueron descentralizados y enviados a otras zonas.
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Restrepo comenta que esta iniciativa fue alertada por Probogotá, ya que era algo inestable porque el compromiso de las autoridades está en manos de los líderes de seguridad, que tienen unas prioridades establecidas por el Gobierno nacional.
“La solución no es pagar unas becas. Acá lo que garantiza la sostenibilidad de los policías en la ciudad no es pagar su educación, es pagar sus salarios”, apunta.
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Según el experto, hay zonas de la ciudad que se han convertido en distritos del crimen, donde los delincuentes se comunican con los habitantes e imponen sus propias reglas, fortaleciendo sus organizaciones criminales. “Esto ha hecho que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones”, puntualiza.
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