Faltan menos de dos meses para que venza el millonario contrato de la PTAR El Salitre y la megaobra de Bogotá no está terminada. Aun así, una decisión judicial ordena que se le paguen los saldos al consorcio CEPS.
Todo empezó con un fallo de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó salvar al río Bogotá y optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales.
La decisión ordenaba “hacer una ampliación de la planta, llevarla hasta tratamiento secundario, subir el nivel de tratamiento de un 40% de remoción a aproximadamente un 90% y subir la capacidad de tratamiento de 4 metros cúbicos a 7 metros cúbicos por segundo”, explica Reinaldo Pulido, coordinador del acueducto de la PTAR El Salitre.
El fin es recoger las aguas servidas de casi 3 millones de ciudadanos del norte de la ciudad, tratarlas y descontaminarlas hasta en un 95% antes de que desemboquen al río Bogotá.
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Luego de una licitación pública internacional fue contratado el consorcio CEPS y en 2017 empezó la obra con recursos que salieron directamente del impuesto predial de los capitalinos.
El contrato vence en menos de dos meses y la PTAR El Salitre ya presenta problemas como concentración de gases peligrosos. “Es bastante peligroso tanto para salud humana como para los equipos porque genera corrosión”, asegura el coordinador del acueducto.
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Algunos equipos y motores se estallaron y de las 10 bombas están funcionando 8. Se deben hacer operaciones manuales por aparentes deficiencias en el centro de control.
Como si fuera poco, el contratista no ha hecho una parte del proyecto de la fase I, “para conexión con la fase II. Debía haber estado culminada en marzo”, señala el funcionario Pulido.
Pero pese a los incumplimientos, por orden judicial se le deben pagar los saldos pendientes al contratista por cerca de 117 mil millones de pesos.
El coordinador de acueducto de la PTAR El Salitre afirma que “ellos quieren que les paguen, están obligando a que les paguen algo que todavía no ha sido recibido a satisfacción”.
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La decisión no le ha caído bien ni a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; ni a la ministra designada de Ambiente, Susana Muhamad, y menos a la gerente del Acueducto, Cristina Arango.
Carmelo Félez, gerente de operación del Consorcio CEPS, se defiende y señala que “de 8.000 hay aproximadamente unos 20 equipos en los que hemos detectado problemas que nos corresponde a nosotros corregirlos, lo vamos a hacer, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones”, pero agrega que no lo han hecho “porque no nos ayudan, claramente no quieren que terminemos este proyecto”.
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