Billonaria reclamación por Hidroituango enfrenta al alcalde de Medellín y a la junta de EPM

Pero, ¿qué hay tras el anuncio de demanda de EPM a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradoras de Hidroituango? La investigación empezó hace ocho meses y con una analogía, el vicepresidente de asuntos legales de la compañía explicó que tras la contingencia y el sobrecosto de la obra hubo serias inconsistencias.“Por ejemplo, usted le dice al constructor, al diseñador: señores, yo sé que allá, en mi casa, hay un nido de roedores, pero yo quiero poner mi apartamento con un piso elegante. Tiempo después le entregan a usted su apartamento y se encuentra que su piso está completamente deteriorado. Eso es más o menos lo que pasó el 28 de abril (de 2018)”, explicó Alexánder Sánchez, vicepresidente de asuntos jurídicos de EPM.La demanda es por 9,9 billones de pesos, monto que según el alcalde de Medellín y el gerente de EPM fue el dinero que se perdió después la contingencia.“Los 9,9 billones surgen por daño emergente; maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4 mil personas afectadas, pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el lucro cesante que es la venta de energía, entre otros”, manifestó Álvaro Rendón, el gerente de la empresa antioqueña.Judicialmente el proceso se encuentra en su etapa conciliatoria, pero extrañó que la junta directiva de EPM no estuviera informada del proceso de demanda.“Los miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (…) nos permitimos manifestar nuestra preocupación y malestar por los siguientes hechos: la toma de decisiones en temas como la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango, en los que la administración no tuvo en consideración a la junta directiva”, reclamaron ocho de los directivos.Al parecer, la junta de la sociedad Hidroituango tampoco fue tenida en cuenta. La Gobernación de Antioquia, dueña del 52 por ciento del proyecto, tampoco tenía conocimiento de la demanda.“Realmente no teníamos conocimiento de manera formal, lo supimos a través de la rueda de prensa”, dijo el gobernador (e), Luis Fernando Suárez.Hasta el momento ni el Consorcio CCCI, responsable de la obra civil, ni la empresa Integral, responsable del diseño, el interventor o las aseguradoras, han respondido oficialmente al anuncio de la demanda de responsabilidad civil.

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Ocho directivos de la compañía alzaron su voz porque no fueron consultados sobre la conciliación a la que la firma llamó a sus socios en la megaobra.

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