Cuatro menores indígenas de la comunidad Murui fueron reclutados a la fuerza por el bloque Carolina Ramírez
de las disidencias de las FARC en Putumayo. Contra su voluntad, los jóvenes entre 14 y 16 años permanecieron cerca de dos meses en las filas del grupo armado ilegal.
El pasado 17 de mayo los cuatro menores indígenas fueron encontrados masacrados en límites entre Caquetá y Amazonas, pues, según manifiesta la comunidad, llenos de valentía, intentaron huir de las manos de las disidencias, pero en medio de su carrera a la libertad les arrebataron la vida.
“Los niños se fugaron con armamento y todo. Con dotación que les entregan a ellos, regresaron a la comunidad y solicitaron al cabildo que, por favor, le entregaran esas armas a los comandos que pasan o que se movilizan en este sector”, sostuvo Carlos Garay Martínez, líder indígena de derechos humanos.
Los cuatro menores indígenas pidieron a la comunidad que los trasladaran lo antes posible a Araracuara para huir de la violencia a Bogotá.
“Mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder movilizar a los jóvenes, llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad”, agregó Garay.
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La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, a través de un comunicado, denunció la masacre y el Gobierno convocó un consejo extraordinario de seguridad en la zona.
Para el presidente Gustavo Petro, se trató de un crimen atroz y una bofetada a la paz.
Es “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, indicó el Gobierno a través de un comunicado.
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“Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad -y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población-, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022”, precisó el Ejecutivo.
“Nosotros tenemos información de cómo ocurre el hecho y también de la acción de la comunidad para evitarlo, y porque las disidencias y los actores armados actuaron con sevicia con los cuatro niños”, manifestó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Este crimen y los recientes hechos de violencia atribuidos al estado mayor central pusieron en jaque el cese al fuego que, a partir del próximo 24 de mayo, se suspenderá oficialmente.
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