El proceso de conciliación que abre EPM con los consorcios de diseñadores, constructores e interventores de la obra, es un nuevo eslabón en la cadena de dificultades que ha tenido el proyecto Hidroituango.
Desde abril de 2018, cuando se generó la emergencia, y año en el que debía empezar a funcionar la primera turbina, se han iniciado varios procesos que podrían resumirse en cuatro grandes controversias del orden nacional:
- En lo ambiental: tiene que ver con el plan de contingencia.
Se interpusieron 25 acciones que tenían que ver con atención social, reubicación de comunidades, afectación a ecosistemas, mitigación de riesgos y afectación a especies, entre otras.
De estas, se han atendido 24 y queda pendiente una que tiene que ver con el análisis estructural del cerro capitán del proyecto.
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Actualmente, Hidroituango tiene la licencia ambiental suspendida y solo puede trabajar en la mitigación del riesgo, pero no puede avanzar en las obras.
- En el ámbito disciplinario, por los efectos en desatención e incumplimiento de la licencia.
En el proyecto se iniciaron labores de aceleración sin tener previa ampliación de la licencia y no se declaró como nueva obra el túnel de desviación, o famoso tercer túnel.
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- La Procuraduría General de la Nación investiga el incumplimiento funcional de los administradores del proyecto, quienes autorizaron iniciar dichas obras sin el trámite anteriormente mencionado.
- En lo penal, la Fiscalía General de la Nación investiga los presuntos delitos en dichos procesos.