Asesinan a dos hombres en Soacha en hechos aislados: ¿ajuste de cuentas?

Dos asesinatos fueron reportados en las últimas horas en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Uno de los casos tendría que ver con un ajuste de cuentas y en el otro no se descarta la misma hipótesis.

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Uno de los crímenes se produjo en el barrio La Meseta, de acuerdo con lo informado por Blu Radio.

La víctima fue identificada como Alexander Díaz, quien presuntamente distribuía drogas en la zona.

Un sicario le propinó varios tiros al hombre, que quedó tirado en el piso sin vida.

Díaz tenía antecedentes por porte de armas y tráfico de drogas, además de haber estado varias veces en prisión, por lo que la Policía de Soacha no descarta que el crimen estuviera relacionado con un ajuste de cuentas.

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En otro caso reportado también en ese municipio, un joven de 26 años fue apuñalado fatalmente en el barrio Hogares.

El medio HSB Noticias informó que la víctima, que respondía al nombre de Andrés Marín, recibió una herida letal en el pecho en la noche del martes 25 de abril.

Pese a que el joven llegó por sus propios medios a un centro clínico de Soacha, pereció el miércoles, un día después del ataque.

Testigos señalaron que Andrés caminaba hacia su casa cuando un sujeto lo abordó y empezó a insultarlo. Poco después lo apuñaló.

En este caso, las autoridades de Soacha manejan tres hipótesis: ajuste de cuentas, venganza o una riña.

Desafortunadamente, este municipio también ha sido noticia por el caso de un niño de 4 años presuntamente abusado por un hombre en un jardín infantil, que ya fue capturado.

El sujeto intentó huir de la población en la madrugada del miércoles 26 de abril para evadir a las autoridades, pero fue detenido en Ciudad Verde, antes de conseguirlo.

El concejal Giovanny Sánchez dijo que el caso se presentó el fin de semana pasado “en un jardín infantil en Soacha que funciona desde el mes de enero sin control y sin vigilancia por parte de la administración municipal”.

Agregó que “estos casos que cuento no habían sido reportados ni a la Fiscalía ni a la Contraloría, ni mucho menos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son los encargados y tienen las herramientas necesarias para adelantar investigaciones contundentes y determinar las responsabilidades de quienes son hoy acusados por los menores”.

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