Al municipio de Ricaurte, en Nariño, han llegado más de 4.000 desplazados que huyen de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia.
La situación humanitaria es crítica, pues las autoridades del territorio no pueden atender a todos los ciudadanos que arriban. Piden apoyo urgente del Gobierno nacional.
¿Qué dice la ONU sobre el desplazamiento?
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Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el desplazamiento forzado aumentó en Colombia. Conforme a los números revelados por esa entidad, el 2022 fue el año con el mayor número de desplazados desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.
La violencia en las zonas rurales del país no da tregua. Muchas comunidades intentan sobrevivir en medio del fuego de los grupos armados ilegales. Las que no aguantan la zozobra del conflicto, optan por desplazarse, salir de sus territorios.
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“Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, el 2022 es el año en el que vemos un incremento de desplazamiento forzado de manera muy preocupante. Situaciones como el confinamiento y restricciones a la movilidad de comunidades enteras. Esto implica que las personas no puedan ir a cultivar”, dice Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Según un reciente informe de ACNUR, más de 68.000 personas fueron víctimas de desplazamiento masivo en 2022, un aumento del 10% comparado con el año 2021.
Además, ese mismo órgano reveló que más de 69.000 personas estuvieron confinadas en su propio territorio. Según expertos en conflicto armado, en 2022 se registró un recrudecimiento de la violencia en el país.
“Hay una disputa territorial de diferentes grupos, lo cual tiene su historia desde el acuerdo de paz en 2016. El vacío que dejaron las FARC en el territorio el Estado no fue capaz de copar y hemos visto incremento en los grupos criminales, que intentan captar las rutas de tráfico”, aseguró Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisisgroup.
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El informe de ACNUR evidencia que las regiones del Pacífico, es decir, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, son las más afectadas.
Los confinamientos y desplazamientos hacen parte de la triste dinámica de control territorial de los grupos armados ilegales.
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