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El alcalde de Murindó, Ezequiel de Jesús Ferro Cuesta, aseguró que hubo violación del debido proceso e inconsistencias en la decisión de la Procuraduría que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por más de once años.
El mandatario añadió que analiza la posibilidad de apelar la decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó en primera instancia.
Ferro Cuesta fue sancionado por pagar una obra que no se ejecutó y por dineros que se destinaron para una fiesta en esa jurisdicción del Atrato Medio Antioqueño.
Al devolver 15 millones de pesos por la obra que no se ejecutó por el contratista y que consistía en despejar de maleza un camino que comunica a Santafé de Murindó con la comunidad de Quebrada Grande, el mandatario incurrió en el delito de falsedad en documento público.
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