Como es evidente, los paramilitares y las FARC surgen como los peores violadores de derechos humanos, según el informe final de la Comisión de la Verdad sobre más de 60 años de conflicto armado en Colombia. Solo un par de ejemplos: las autodefensas cometieron el 45% y esa guerrilla, el 21% de los 450.000 homicidios ocurridos en el conflicto armado entre 1985 y 2018.
A las FARC se les señala del 40% y a los paramilitares del 24% de los 50.000 secuestros perpetrados entre 1990 y 2018.
Pero entre los hallazgos de la Comisión de la Verdad, los agentes del Estado también aparecen como grandes violadores de todo tipo de derechos.
Dice que agentes de la fuerza pública desaparecieron forzadamente a 9.359 personas y que esa práctica comenzó bajo el estatuto de seguridad de Turbay, a finales de los 70, y llegó hasta el nuevo siglo.
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El informe recoge las recientes cifras que dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como que el Ejército cometió 6.402 falsos positivos y que entre los 8.300 ataques contra miembros de la Unión Patriótica (la mayoría asesinatos y desapariciones) se ha identificado responsabilidad de agentes del Estado y/o paramilitares en el 69% de los casos.
Más allá de las cifras, la comisión analizó la degradación de la institucionalidad al mezclarse con el crimen.
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“La relación de sectores de las Fuerzas Militares con las autodefensas y paramilitares fue determinante tanto para la creación de estas como para su expansión y consolidación. Las fuerzas militares y los gobiernos tienen una corresponsabilidad con el paramilitarismo en lo que ello ha supuesto para las víctimas y el país”, dice el informe.
Y rastreó los vínculos que el narcotráfico ha tenido con el más alto poder, una relación que habría comenzado casi desde el mismo surgimiento de ese negocio ilegal.
“Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al Gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del Gobierno era la principal amenaza para la sobrevivencia de las instituciones democráticas”, indica el documento.
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El informe no solo señala a la fuerza pública y a la política como corresponsables de las atrocidades de la guerra por acción u omisión. Hace menciones puntuales, por ejemplo, sobre el rol de la Fiscalía, especialmente en el período de Luis Camilo Osorio como fiscal general entre 2001 y 2005.
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“Bajo esta fiscalía se archivó la investigación contra el general (r) Rito Alejo del Río, se expidió auto inhibitorio en el caso de las investigaciones contra Salvador Arana, exgobernador de Sucre, por masacres cometidas por los paramilitares en ese departamento y, después de cuatro años de prisión (1997-2001), quedó en libertad Víctor Carranza, quien estaba investigado por vínculos con el paramilitarismo”, anota el informe.
Estos hallazgos son apenas el abrebocas de un informe que se seguirá conociendo durante el próximo mes.
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