Aberrante: cae mujer señalada de usar a sus hijos de 4, 8 y 13 años en videos de pornografía

Un aberrante caso de pornografía infantil y otros vejámenes quedó al descubierto tras la captura en el barrio Belén Rincón de Medellín de una mujer, ciudadana venezolana, de 37 años, señalada de usar a sus hijos de 4, 8 y 13 años para realizar videos que vendía a una red en Estados Unidos.

Además, también elaboraba otro tipo de grabaciones como torturas de animales hasta causarles la muerte y es sindicada del homicidio de un ciudadano extranjero.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló que la investigación nació en el país norteamericano tras la captura de una persona que hacía parte de la red de pornografía infantil.

“A través de esa investigación y un análisis en todas sus redes sociales logran hacer una trazabilidad y detectar que una de las personas que proveía estos insumos a estas personas se encontraba en Colombia”, indicó el oficial.

De esta manera, con apoyo de la dirección de la Dijín, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos, consiguen dar captura en Medellín a esta mujer, identificada como Moraima Escarlet Vásquez, sobre quien recae una circular roja con fines de extradición por los delitos de pornografía infantil, tortura y homicidio a persona extranjera.

De acuerdo con el coronel, el material que obligaba filmar a sus hijos lo vendía por 400, 600 o hasta 1.000 dólares dependiendo del pedido que le hicieran los supuestos clientes.

La Policía restableció los derechos de los tres menores, quienes quedaron bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF).

Las autoridades indicaron que tras el allanamiento a la vivienda de esta mujer, continúa la investigación con un análisis de contenido a su computador con el fin de seguir identificando a quienes participen en esta red internacional dedicada la producción, comercialización y distribución de videos en los que se atenta contra niños, adultos e incluso animales.

La mujer se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel, que pagaría en Estados Unidos.