A la cárcel serán enviados tres policías que dispararon 15 veces contra tres personas -un hombre y dos mujeres- en abril de 2022,
cuando supuestamente no se detuvieron a una señal de alto en la vía de Zipaquirá-Ubaté, en Cundinamarca. El ataque de los uniformados causó la muerte de uno de los ciudadanos, Steven Mahecha.
“Después de 17 meses, 519 días sin la presencia de mi hermano, la verdad que es muy reconfortante la sabia decisión que se tomó, ya que no esperábamos menos. El asesinato de mi hermano no pudo quedar en la impunidad. El hecho de que hayan sido tres policías activos no les daba derecho de reaccionar así. Como familia, con tranquilidad, con agradecimiento a Dios y a la justicia, esto nos reconforta, creemos otra vez en la justicia”, expresó Lizeth Mahecha, hermana de la víctima fatal.
Sin embargo, la familia de Steven, que tenía 23 años, no fue la única afectada por los policías que dispararon 15 veces. Otra joven resultó herida y aún tiene una de las balas alojada en la cabeza.
La hermana del joven asesinado reconoció que sentían “temor de que hubiera atrasos, como se presentaron, pero al fin, a Dios gracias, era lo que esperábamos y lo que esa gente se merece”.
El juez promiscuo penal municipal de Nemocón dijo al dictar el fallo contra los policías que dispararon 15 veces, que el actuar de los uniformados “representa un peligro, no solo para las víctimas, sino para la seguridad de la sociedad. Como pudo haberles ocurrido a esas personas, de las cuales muere una y otra queda gravemente herida, a cualquier otra persona en las mismas condiciones se hubiera actuado de esta manera”.
Saúl León, representante de las víctimas, contó que la Fiscalía General de la Nación había solicitado casa por cárcel para los agentes al considerar que “la detención domiciliaria era suficiente”.
“Nos opusimos básicamente porque consideramos que, como lo decidió el juez, son un peligro para la sociedad. No puede ser que tres policías activos disparen en 15 oportunidades contra tres jóvenes desarmados, le quiten la vida a un joven, dejen al borde de la muerte a otra joven y estén en libertad o estén en domiciliaria, tienen que estar en un establecimiento de reclusión”, subrayó.
El jurista, además, solicitó “al juez de conocimiento desde ya que se imponga la máxima condena posible; esto es que se impongan al menos 35 años de cárcel por este vil homicidio. También solicitaremos a la procuradora general de la Nación, la doctora Margarita Cabello, que designe un agente especial del Ministerio Público, toda vez que la representación del Ministerio Público hasta la fecha lo que ha hecho es buscar que este caso vaya a la justicia penal militar, algo que ya el juez decidió debe estar en la justicia ordinaria”.
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