A prisión, militares señalados de robar municiones para venderlas al Clan del Golfo y disidencias

Fueron judicializados tres militares activos del Ejército Nacional por presuntamente robar municiones de batallones y venderlas a los grupos armados del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC.

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Militares alteraban información de inventarios para ocultar el faltante de municiones

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los uniformados se apropiaban de hasta 40.000 cartuchos cada mes y los enviaban a los grupos criminales, a través de contactos externos, escondidos entre baterías de carros y buses de servicio de transporte interdepartamental a Cauca y Arauca, entre otros departamentos.

Como pago, los militares recibían consignaciones a cuentas personales y transferencias de dinero a billeteras virtuales, señaló el ente acusador. Habrían recaudado por esa actividad ilegal entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año.

La Fiscalía dijo que los militares, en el desempeño de sus funciones, habrían ingresado de manera abusiva a los sistemas misionales del Ejército Nacional para alterar la información de inventarios y evitar que fuera detectado el faltante de munición.

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Los uniformados capturados por estos hechos son: el sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo. Fueron detenidos en diligencias realizadas por el CTI, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca; el Hospital Militar de Bogotá y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 del Ejército Nacional en Cali, en Valle del Cauca.

Los tres militares fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático. Aunque ninguno aceptó los cargos, un juez decidió cobijarlos con medida de aseguramiento en un centro penitenciario.