13 años de cárcel para exalcaldesa de La Cumbre, Valle, por irregularidades en contratos

Un juez de conocimiento determinó que Blanca Liliana Montoya Hernández, exalcaldesa del municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, deberá pagar 13 años de cárcel tras ser hallada responsable de cometer los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.>>> Le recomendamos: Fiscalía imputó a Claudia Castaño por caso de corrupción que lideró su fallecido hermanoOtras dos personas también fueron sentenciadasDe acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron determinar que durante la administración de la exalcaldesa de La Cumbre la mandataria firmó un contrato con el abogado Harold Hernán Moreno Cardona para asesorar a la Secretaría Administrativa y de Hacienda en el recaudo eficiente de impuestos en mora."Sin embargo, se determinó que Moreno Cardona ya aparecía vinculado a la administración municipal con otro contrato que lo obligaba a representar jurídicamente la alcaldía ante la justicia ordinaria y contenciosa administrativa", explicó el ente investigador.Asimismo, se determinó que estos contratos carecieron de supervisión, una tarea que había sido encomendada a Lina María Domínguez Correa, exsecretaria de Hacienda de La Cumbre, la cual "se limitó a verificar los valores que debían cancelarse mes a mes al contratista por concepto de honorarios, y que correspondía al 30 por ciento del valor del dinero que ingresara a la administración".Dichas acciones le generaron un detrimento patrimonial al municipio de La Cumbre de unos 227.989.133 de pesos, suma que le fue pagada al abogado.Además de la condena a la exalcaldesa, las autoridades sentenciaron a Domínguez Correa a 11 años de cárcel y a Moreno Cardona a 9 años y 9 meses privado de la libertad.No obtuvieron beneficiosEl juez encargado del caso decidió no concederle alguna clase de beneficio a los sentenciados por el quantum de la pena, en lo que respecta a la modalidad y naturaleza de la conducta punible, puesto que estos son delitos contra la administración pública.Esto significa que todos los implicados deberán pagar la pena impuesta en prisión, sin embargo, la decisión fue apelada.>>>Puede interesarle: Los Condes, padre e hijos, se habrían apropiado de $2.762 millones de contratos estatales