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Los habitantes de varias regiones del Chocó están viviendo una nueva ola de desplazamientos forzados debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La violencia de estos grupos armados ha aumentado en los últimos días, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Los más recientes desplazamientos han afectado a tres comunidades en el Medio San Juan, una zona ya gravemente impactada por la violencia.
Según informes de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, tres comunidades indígenas han llegado recientemente al corregimiento de Wounaan, en el Medio San Juan. Esta comunidad receptora ya se encuentra en confinamiento debido a los enfrentamientos que no cesan desde hace más de cuatro días. La situación ha empeorado considerablemente, ya que las comunidades afectadas han estado en confinamiento durante semanas debido a los continuos combates entre los grupos armados.
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En este contexto, las comunidades de Puerto Murillo y Santa María de la Loma también han sido forzadas a desplazarse, buscando refugio en albergues temporales en la misma región. La Iglesia Católica ha advertido sobre un posible desplazamiento masivo hacia las cabeceras municipales de Istmina, Novita, Andagoya y Docordó. Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, ha señalado la gravedad de la situación y ha expresado su preocupación por la seguridad de las poblaciones desplazadas.
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La situación en las comunidades indígenas del Chocó es particularmente grave. Según testigos, varias familias de la comunidad indígena Wounaan permanecieron escondidas bajo sus camas durante casi una hora debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Las familias se encuentran atrapadas entre los combates, sin acceso a servicios básicos y con un temor constante por su seguridad. Harold Ismare Guático, consejero mayor de la Organización Nacional Wounaan, hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano para proteger a estas comunidades y garantizar sus derechos humanos.
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"Queremos alertar ante el país y al Gobierno sobre esta situación para que se proteja la vida, integridad y los derechos humanos de la población civil que se encuentra atrapada en medio del fuego cruzado", expresó Guático. La situación de confinamiento ha dejado a los habitantes sin acceso a alimentos, atención médica y otras necesidades básicas, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, destacó la magnitud del desplazamiento forzado en la región. "Estamos hablando de un promedio que oscila entre 20.000 y 50.000 personas cada vez que se producen estos enfrentamientos. Cada vez que esto ocurre, las comunidades se ven forzadas a desplazarse o se encuentran en confinamiento", explicó. Esta situación es parte de un patrón que ha persistido durante el último año, con comunidades que se ven atrapadas entre los enfrentamientos de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo emitió el 29 de enero una alerta temprana en la que solicitaba medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades del sur del Chocó. La alerta señalaba el riesgo inminente de enfrentamientos y violaciones de derechos humanos, lo que pone a los habitantes de la región en una situación de vulnerabilidad extrema.
En Santa Rita de Iró, cabecera municipal de Río Iró, decenas de personas realizaron una marcha para exigir la desactivación de un posible artefacto explosivo colocado por el ELN en el malecón de la zona. Esta amenaza, que data del 25 de enero, dejó un saldo trágico con el asesinato de un policía.
La Defensoría del Pueblo había solicitado a las autoridades que tomaran medidas para atender esta situación, y afortunadamente, un juez de la República falló a favor de la solicitud, exigiendo que las autoridades desactivaran el artefacto en un plazo de 24 horas.
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La crisis humanitaria en el Chocó continúa empeorando a medida que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo se intensifican. Las comunidades desplazadas y confinadas en la región piden una respuesta urgente del Gobierno Nacional para garantizar su seguridad y bienestar. La situación en el departamento requiere medidas inmediatas para evitar que más personas se vean obligadas a abandonar sus hogares y para asegurar la protección de los derechos humanos en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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