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Piden protección total para indígenas y lugares sagrados de Sierra Nevada de Santa Marta

Procuraduría delegada ante la JEP recopiló datos para solicitar medidas cautelares que protejan 348 sitios sagrados y la integridad de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Indígenas piden protección total para la Sierra Nevada: estudio revela los daños que ha sufrido

Un estudio de la Procuraduría delegada ante la JEP revela los daños sufridos en sus entornos culturales y naturales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante los últimos 20 años, en medio del conflicto armado.

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Los estragos de la deforestación en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta son inminentes.

El trabajo de investigación de un informe de la Procuraduría revela conclusiones tajantes: durante los últimos 20 años, los daños a las coberturas naturales han privado el derecho a los pueblos indígenas al acceso a sus sitios sagrados.

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Rogelio Torres, autoridad tradicional y delegado de los Mamos, manifestó: “No solamente los 20 años, sino históricamente todas las afectaciones que han venido desarrollando por distintos actores, llámese legales, ilegales o políticos. Incluso, a través de instrumentos o acciones que afectan a la Sierra. El tema de lo monetario, el tema de la minería, una cantidad de factores”.

Para ellos, la Sierra Nevada es el corazón del mundo y lo han herido gravemente.

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“Nosotros desde mucho tiempo, muchos años, siempre hemos venido reclamando la protección de los sitios sagrados de la Sierra Nevada como corazón del mundo, porque en ella se deposita la sabiduría, el conocimiento, las leyes que fueron dejadas desde un principio para nosotros permanecer en el tiempo”, explicó Luis Enrique Salcedo, autoridad tradicional de los Mamos.

Durante los últimos años, Noticias Caracol ha seguido de cerca esta problemática: la profanación de los sitios sagrados dentro de la llamada línea negra, un límite que se trazó para protegerlos.

Hoy la Procuraduría constata que el derecho al uso espiritual del territorio ha sido vulnerado constantemente durante las últimas décadas.

Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado ante la JEP, aseguró que “son graves las violaciones. Van desde precisamente su destrucción, la falta de acceso, la ganadería extensiva, la agricultura, el monocultivo, el turismo sin precedentes, la extracción mineral, las distintas instituciones que van a veces ocupando los lugares han impedido que muchos de estos sitios sagrados puedan ser en este momento habilitados, usados por estas comunidades”.

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Se ha llevado a cabo un trabajo de dos años de investigación que consultó distintas fuentes para hacer un mapeo de los daños que ha sufrido el territorio y sus habitantes.

Mapas de estudio han dejado en evidencia el avance de los grupos armados y su incidencia en los proyectos de minería legal e ilegal. Pero, sobre todo, la amenaza a la vida de los indígenas.

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Atanasio Moscote, gobernador del pueblo Kogui, adujo que “la convivencia es muy difícil, porque el territorio está siendo vulnerado frecuentemente por los actores armados o gente que quiere explotar la naturaleza, la minería, los bosques”.

El estudio también consultó los mapas satelitales que durante los últimos años han dejado en evidencia los daños que estas acciones contra la naturaleza han causado a las coberturas vegetales en la Sierra Nevada.

Por eso, el vocero de los Mamos pide garantías a la vida y al territorio. “Es importante la protección del territorio en su conjunto. En la medida en que se garantice y se proteja ese territorio, se está garantizando la vida”, complementó Rogelio Torres.

El diagnóstico del ente de control lo llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a solicitar medidas cautelares para la protección de 348 sitios sagrados y la vida e integridad de los miembros de los cuatro pueblos indígenas: arhuacos, kankuamos, wiwas y koguis.

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“Buscando la protección de algunos de estos miembros de esta comunidad es que nosotros radicamos una medida cautelar que atravesaría varios de los macrocasos que se están desarrollando, precisamente porque tienen que ver con las agresiones que de los distintos actores armados ha recibido la comunidad y, por sobre todo, el territorio, la Sierra Nevada de Santa Marta”, señaló Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado ante la JEP.

Los macrocasos 1, 3, 8, 9 y 10 involucran vulneraciones no solo de grupos irregulares, sino de miembros de las Fuerzas Armadas. Los indígenas asistieron a la JEP y también le hablaron a sus magistradas.

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“La paz real para el pueblo de las sierras solamente es posible si comprendemos esa profundidad, digamos, en proteger el agua, en proteger los sitios sagrados”, explicó Hermes Izquierdo, líder arhuaco.

Los indígenas también se dirigieron al Ministerio de Medio Ambiente, donde solicitaron crear siete nuevos pueblos a lo largo de los límites de la línea negra para ayudar a proteger la Sierra.

Tiam Steele, ciudadano estadounidense profundamente ligado al pueblo arhuaco a través de la ONG Sun Nation, apoya esta idea de la creación de los siete pueblos protectores de la Sierra: “Sun Nation está ahorita encargado de ver cómo implementar los sistemas que son puentes entre los indígenas y el Estado. Estamos viendo aquí en la Sierra Nevada cómo podemos articularnos bien para la regeneración y Sun Nation está entrando para ayudar a las tribus”.

Regenerar es el mismo idioma de los Mamos, apoyarlos con músculo económico para la restauración y desarrollo sostenible de los pueblos.

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Rodrigo Martínez, director de Sun Nation Colombia, explicó: “En primera partida, reforestar; en segunda, generar una política de conservación agrícola basado en una actividad de economía circular en la misma zona, sostenible”.

¿Para qué el presidente Gustavo Petro ordenó comprar tierra dentro de la línea negra?

Justamente esta semana, el presidente Gustavo Petro viajó a Nabusimake, en el corazón de la Sierra Nevada, y ordenó a sus funcionarios comprar la tierra dentro de la línea negra para ampliar la reserva de los indígenas.

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Esta medida y la solicitud a la JEP de las medidas cautelares, por lo menos en el papel, son un fuerte espaldarazo a la protección de los indígenas.

Cristian Wolffûgel, procurador Delegado ante la JEP, aseguró que “una de las grandes finalidades u objetivos es que esa máxima que suena, pero que muchas veces no se hace efectiva, se cumpla. Que se garantice que no se siga afectando el territorio”.

Todo está dispuesto. Los indígenas esperan que deje de ser palabra para convertirse en realidad.

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