Indígena que habría robado $700 millones y permanece en CAI de Bogotá "no ha dado la cara"

En el CAI de Lourdes, en la localidad de Chapinero de Bogotá, permanece un exrepresentante legal de una organización indígena pijao del Tolima. Miembros de su comunidad lo reclaman, pues aseguran que cometió fraude y buscan juzgarlo bajo su jurisdicción por ese presunto delito.

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Edwin Darío Díaz Mendoza, consejero y representante legal de la Asociación Nacional de Cabildos y Autoridades Indígenas en Colombia (Anicol), indicó que el comunero proviene del resguardo Campoalegre, es reclamado por "fraude" y "no ha dado la cara”.

Según los indígenas, esta persona no solo habría incumplido con contratos millonarios, sino que habría falsificado pagos.

“El dinero de la ACCI eran 710 millones de pesos para levantar unos planes de vida, donde, dentro de sus planes de vida, tenemos las constancias que nos dios la ACCI y donde figuramos yo como gobernador con un sueldo de 7 millones y medio, tengo tres pagos de 2 millones y medio, donde nunca recibí un peso”, sostuvo José Pastor Díaz, gobernador de Brisas del Cucuana.

¿El comunero debe ser juzgado por la justicia indígena u ordinaria?

En el CAI permanecen funcionarios del Ministerio del Interior mediando la situación. El director de Asuntos Indígenas aseguró que el juzgamiento del indígena debe resolverlo un tribunal administrativo, que dirima si es la justicia ordinaria o la indígena la que lleve el proceso.

“Ahora bien, en este caso como está aprehendido o está en un CAI de la Policía Nacional, pues habría que ver si lo está reclamando la jurisdicción ordinaria, es decir, la Fiscalía o un juez y la Policía, si ellos lo están requiriendo también. Entonces, allí entra a desarrollarse un conflicto positivo de competencias, es decir, que tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena quieren juzgarlo y el que debe dirimir ese conflicto de competencias es un tribunal, en este caso creería que es el Tribunal de Cundinamarca, porque están acá. Pero es un tribunal administrativo el que define legalmente quién debe juzgar a ese comunero, si es que efectivamente cometieron una conducta punible”, explicó Germán Bernardo Carlosama, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, los indígenas aseguran que permanecerán en el CAI reclamando al indígena para llevarlo a territorio y definir su castigo.

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