Nació en los acuerdos de La Habana y cuenta con cinco órganos. Así será su funcionamiento. Salas de justicia: actores del conflicto dirán qué, cómo, cuándo, dónde y a quiénes afectaron. Recibirá todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Sala de amnistía e indulto: resolverá delitos políticos como la rebelión y determinará si a los comparecientes se les otorga amnistía o indulto. Sala de definición de situaciones jurídicas: definirá la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto. Unidad de investigación: investigará y acusará ante el Tribunal Especial de Paz. Tribunal Especial de Paz: estará compuesto por cinco secciones. Dos de primera instancia para los que reconozcan y los que no reconozcan sus responsabilidades. Si dicen la verdad, pagarán de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad. Quienes no la reconozcan, tendrán penas de 15 a 20 años de cárcel. El órgano también tendrá sala de apelación y finalmente otra de revisión y de estabilidad para hacer efectivas las sentencias y resolver los casos que surjan cuando hayan cesado las funciones del tribunal. Vea, además: Así funcionará la Justicia Especial de Paz que entra a operar este...
En Cartagena se reunieron los líderes de ese grupo y el presidente Juan Manuel Santos. La exguerrilla hizo serios reparos a la implementación de lo acordado. El presidente asumió un tono más optimista. "Pusimos fin a un conflicto de mas de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz", señaló. Aun cuando ha salvado miles de vidas, el pacto que significó el desarme y transformación en partido del grupo rebelde más grande de América, no despierta el entusiasmo general, y en el caso de los exguerrilleros crece la "inconformidad y desencanto", advierten sus líderes. "Hay una implementación en marcha, pero no quisiera que nadie devaluara la trascendencia del acuerdo de paz con la discusión sobre los grados de implementación", zanjó el expresidente del gobierno español Felipe González, verificador internacional junto al exmandatario uruguayo José Mujica. El pacto, además de la participación política de FARC, prevé reformas rurales y políticas, así como un sistema especial de justicia para los crímenes más graves. Entre sus reclamos, la exguerrilla apunta que la Jurisdicción Especial de Paz "fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes". También anunció que elevará consultas ante la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como un "derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado". Rodrigo Londoño (Timochenko), el jefe y candidato presidencial de FARC, no asistió, pues se encuentra en Cuba, a donde viaja para tratarse desde que sufrió en julio un accidente cerebral transitorio. Se espera que González y Mujica también se reúnan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce el gobierno y con la que busca un acuerdo similar al que selló con las FARC. Le puede interesar: Por primera vez logo de FARC aparecerá en tarjetón electoral de...
Falta de votos puso en peligro los 16 nuevos escaños en Cámara de Representantes, pactados en el acuerdo con FARC. “En Partido Conservador no vamos a dar el sí para que se traigan 16 personas elegidas por el narcotráfico y las armas en Colombia”, aseguró el senador Hernán Andrade. Álvaro Uribe propuso cambiar de mecanismo para garantizar participación de las víctimas en la próxima legislatura. Gobierno decidió crear una subcomisión con la participación de varios partidos, menos el Centro Democrático, que planteé alternativas para sacar adelantas las circunscripciones especiales de paz. Más sobre esta noticia: Régimen de inhabilidades para magistrados de la JEP, punto más...
La iniciativa, clave para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, fue aprobada con textos diferentes en Cámara y Senado. “No se incluyó el régimen de inhabilidades, se incluyó en el texto un régimen de impedimentos y recusaciones que le entrega herramientas al investigado para que en el futuro, si considera que debe recusar a los investigadores, pues lo haga”, aseguró Hernán Penagos, ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes. Otros temas novedosos no tendrían dificultad en la conciliación. Entre ellos están la pérdida de beneficios para reincidentes, propuesta por la Fiscalía, así como la comparecencia de militares a la JEP y el juzgamiento de delitos sexuales contra menores por la vía de la justicia ordinaria. Sobre este último tema, no se prevé que no habrá mayor complicación, dado que las proposiciones de senado y cámara son muy similares. No obstante, el juzgamiento de delitos sexuales en la justicia ordinaria sigue generando reparos en el Gobierno. “Lo que hacen es introducirle a este sistema de justicia transicional un elemento propio del sistema punitivo, retributivo que rige a la justicia ordinaria. Por eso nosotros creemos que hay una equivocación”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera. La conciliación será votada antes del jueves, para luego pasar a revisión de la Corte Constitucional y posteriormente a sanción presidencial. Conozca más sobre el trámite de la JEP: Así quedó la JEP luego de su paso por la Cámara de Representantes |...
El presidente dice que así se cumplirá a víctimas del conflicto. Además, agradeció que Senado diera luz verde a este punto clave del acuerdo. Santos envío el siguiente mensaje a través de redes sociales: Vea, además: De hipócritas y engañosas califica FARC decisiones que tomó el Senado...
Participación política de FARC y un nuevo sistema de inhabilidades para magistrados de la JEP son algunos puntos clave. Solo le resta un último debate en Cámara. Fueron 11 horas de discusiones, pero al final la reglamentación de esta justicia especial vio la luz en Senado. Guillermo Rivera volvió a defender la participación en política de exguerrilleros y reiteró que la JEP determinará grados de compatibilidad entre la sanción y el ejercicio de derechos políticos. Centro Democrático volvió a mostrarse en desacuerdo. “No aceptamos la representación política de ningún genocida en Colombia”, sostuvo la senadora Paloma Valencia. Cambio Radical, uribistas y conservadores ganaron un pulso al crear nuevas inhabilidades para magistrados de la JEP, que ya fueron nombrados. Esta propuesta consiste en que quienes 5 años atrás hayan actuado en temas relacionados con el conflicto armado o presentado demandas contra el Estado en temas de violación de derechos humanos no pueden integrar el tribunal. Representantes del partido de FARC y otras colectividades expresaron su inconformidad. “No es apropiado en este momento después de haber hecho una rigurosa selección”, afirmó Pablo Cruz. No fue aprobado la iniciativa que buscaba revivir los derechos políticos de condenados por parapolítica. Vea, además: ¿Cómo quedó la JEP? Le explicamos el abecé del fallo de la Corte...
Con 7 votos a favor y 0 en contra dio luz verde al acto legislativo considerado clave en la implementación del acuerdo con FARC. El fallo deja en firme la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema al que se someterán los guerrilleros y militares implicados en delitos de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario en el curso del enfrentamiento de medio siglo. Quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión. Y en el caso de los exguerrilleros la corte dio visto bueno a su participación en política, siempre que cumplan con las obligaciones ante la JEP. Corresponderá a este sistema "determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes", señaló el tribunal en un comunicado. Los magistrados se pronunciaron favorablemente sobre el acuerdo que permitió este año el desarme y transformación en partido de la guerrilla comunista, convertida ahora en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Sin embargo el Congreso, con una débil mayoría oficialista, deberá expedir en las siguientes dos semanas la ley que reglamenta la jurisdicción especial, columna vertebral del pacto que sacó de la guerra a 7.000 combatientes. Además, se estableció que magistrados extranjeros de la JEP no tendrán voz ni voto y terceros involucrados en el conflicto no serán obligados a acudir a esta justicia, pero lo podrán hacer voluntariamente. En un mensaje a la nación, el presidente Juan Manuel Santos calificó como "una gran noticia" la decisión de la corte y pidió al legislativo sacar adelante la norma. Vea, además: “La paz de Colombia está ahora en la cancha del Congreso”: Santos |...
Celebró decisión de Corte Constitucional sobre la JEP e hizo un llamado vehemente a los parlamentarios. “No le tengamos miedo a la democracia”, dijo. Enfatizó en que "la paz de Colombia está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que no les falle a los colombianos ni a las víctimas". Relacionado: Corte Constitucional aprueba Justicia Especial de Paz, pero con condicionamientos También aprovechó para referirse a algunos puntos polémicos sobre ese acto legislativo y recalcó que ahora quedaba totalmente claro que “disidentes, reincidentes y desertores serán juzgados por la justicia ordinaria y pagarán cárcel efectiva”. Al referirse al polémico tema de la participación en política fue bastante claro: "Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a las FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó", sostuvo. A diez meses de dejar el poder, Santos enfrenta una operación tortuga en el Congreso que no ha permitido aprobar la ley que reglamenta la Justicia Especial de Paz. Vea completa la alocución presidencial:
Así lo planteó el magistrado Guillermo Guerrero en una ponencia que estudiará la Corte Constitucional. El alto tribunal arranca de esta manera el debate sobre el acto legislativo que crea la jurisdicción especial. En la ponencia, Guerrero afirma que particulares como campesinos o empresarios solo deben comparecer voluntariamente a la JEP. Además, se refiere a las condenas establecidas en los acuerdos de paz y dice que deben ser reconocidas por un proyecto de ley. En la misma ponencia avala la responsabilidad de mando de los superiores en la Fuerza Pública, aspecto cuestionado por la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional hace reparos a responsabilidad de mando en... El apartado de participación en política sigue, por ahora, intacto en cuanto que cualquier sanción proferida por esta justicia especial de paz no inhabilitará la participación de quienes sean condenados.
Se alcanzaron consensos en temas como el tratamiento a testaferros, disidentes y quienes cometan delitos del narcotráfico. Tras una larga reunión entre el ministro de Justicia y el fiscal Néstor Humberto Martínez, entre otros, el gobierno central acató las recomendaciones de la Fiscalía sobre las competencias de la JEP y la justicia ordinaria. Se alcanzaron consensos en temas como el tratamiento a disidentes de las Farc y quienes hayan seguido cometiendo delitos del narcotráfico. Relacionado: Cambio Radical insiste en no apoyar la JEP aunque eso le cueste salir...
