Avaluados en $1.200 millones, la Contraloría General dice que con ellos se garantizará el pago por los daños ocasionados al patrimonio público.
EPS Coomeva, Aliansalud, Famisanar, Salud Total, Sura, Saludcoop, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Cruz Blanca, Cafesalud y Sanitas son las entidades a las que se les embargaron 28 bienes.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), a la que están afiliadas, aseguró a través de un comunicado que dentro de la investigación desarrollada desde el año 2012, solo el 1% de los recobros es lo que está siendo cuestionado.
"Las entidades y los representantes legales afectados por las medidas continuarán aclarando la pertinencia de los pagos por los servicios objeto de controversia", explicó.
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La decisión de la Contraloría podría ser apelada.
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