Daniel Ortega busca salida a crisis que ha dejado más de 320 muertos en Nicaragua

Convocó la reanudación del diálogo nacional para el 27 de febrero. El presidente se niega a aceptar responsabilidad en el conflicto que vive su país.
Durante un acto oficial, el mandatario explicó que llegó a un acuerdo con un grupo de prominentes empresarios nicaragüenses con los que se reunió el sábado pasado, con la presencia como invitados del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
El diálogo entre el Gobierno sandinista con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos, ya había comenzado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio.
Ortega dijo a través de cadena de radio y televisión que la mesa del diálogo se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, porque "eso no es correcto en una negociación".
El gobernante contó que el sábado pasado invitó a una reunión a un grupo de empresarios "para hablar del tema de la estabilidad, de la seguridad, de la paz, del tema económico, y lógicamente allí salen los temas políticos", con los que abordó la necesidad de reiniciar el diálogo.
Ambas partes, según dijo, se comprometieron a "abrir una nueva ruta" con el fin de recuperar la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.
En esa mesa, que se instalará el próximo miércoles, el Ejecutivo espera negociar "la consolidación de la paz en nuestro país para construir ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del fallido golpe de Estado de abril".
Ortega indicó que su contraparte en el diálogo dará a conocer el nombre de los miembros que integrarán la mesa.
Los empresarios afirmaron en un comunicado que hicieron saber al presidente "la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional, para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos e institucionales".
Los planteamientos de diversos sectores nacionales e internacionales, y que Ortega ha desconocido, coinciden en que el Gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas, la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica, que a su vez aglomera los intereses de los empresarios, campesinos, estudiantes, académicos, agricultores y otros sectores- respaldó un posible diálogo en términos similares a los del grupo, con la liberación de los manifestantes y la restitución de las libertades públicas como prioridad.
La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Un grupo de expertos, tutelados por la CIDH, también ha señalado que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad" durante la crisis.
Ortega, quien lleva 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido". EFE
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