Este puede iniciarse por una denuncia interpuesta por alguien, o se abre de oficio por la Policía, la Fiscalía u otra autoridad competente.
Antes del proceso penal formal hay una etapa de indagación preliminar.
En esa etapa, la Fiscalía entrevista a víctimas o testigos, inspecciona el lugar de los hechos y recauda elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
Incluso podría intervenir comunicaciones, practicar allanamientos y realizar capturas, pero con un control posterior de un juez que determinará que todo haya sido legal.
Lo ideal es que desde el primer momento la persona señalada del posible delito tenga un abogado de confianza, de lo contrario le asignarán un defensor público.
Concluida la indagación preliminar inicia el proceso penal con la audiencia de imputación de cargos. Aquí el procesado podría, ante la contundencia de las evidencias, aceptar los cargos que le imputan, buscando obtener una rebaja de pena de hasta 50%.
Pero, ojo, no puede retractarse a no ser que se hayan violado derechos fundamentales.
La aceptación de cargos también puede hacerse en la etapa de juzgamiento, durante las audiencias preparatorias y de juicio oral, pero la rebaja de pena será menor.
La etapa final, la de juzgamiento, empieza con la acusación al procesado y el reconocimiento de la calidad de las víctimas. Es aquí cuando la Fiscalía debe descubrir los elementos probatorios a la defensa.
En la audiencia preparatoria la defensa descubre sus elementos a la Fiscalía.
El juicio oral finalizará con una sentencia condenando o absolviendo al investigado.
En teoría, el proceso penal debería durar entre seis meses y un año, pero es probable que se prolongue más años.
En una fase posterior, la justicia se encargará de determinar cómo reparar a las víctimas.