La entidad decretó medidas cautelares sobre propiedades avaluadas en 60 mil millones de pesos porque presuntamente se usaron para explotar sexualmente a menores de edad.
Entre los bienes afectados están dos reconocidos moteles ubicados en la calle 30 y la avenida carrera 65 de Medellín.
“En el último establecimiento fue encontrada una adolescente de 17 años de edad, quien fue trasladada por las unidades de infancia de adolescencia para el restablecimiento de sus derechos”, informó la Fiscalía.
El registro de la Fiscalía dice que fueron objeto de la medida ocho inmuebles, tres establecimientos comerciales y dos vehículos.
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Atrapados por WhatsApp
Según el ente, la investigación comenzó con la denuncia de un rector de un colegio de Itagüí que a finales de 2018 comenzó a ver actitudes irregulares en algunas de sus estudiantes.
El funcionario declaró ante Fiscalía, Policía e ICBF sobre la presunta “existencia de una red de proxenetas que, al parecer, contactó a varias estudiantes menores de edad para ofrecerles dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con hombres mayores, en su mayoría extranjeros”.
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Fue así que los investigadores lograron establecer la existencia de un grupo creado en WhatsApp, la aplicación que permite comunicarse por medio de teléfonos móviles, que se usaba para indicarles a las menores de edad a qué lugares debían dirigirse para que los explotadores sexuales hicieran de las suyas.
El ente además logró testimonios de varias personas e infiltrar a un agente para identificar los lugares y los delincuentes implicados, hasta el punto que se logró identificar la entrega de documentos falsos a menores de edad para que accedieran a establecimientos nocturnos.
Fotos: Fiscalía General de la Nación
La investigación según la Fiscalía, permitió establecer no solo los sitios frecuentados por la supuesta red, también identificar que era un ciudadano de nacionalidad coreano y estadounidense “quien viajaba constantemente a Colombia y pagaba por servicios sexuales con menores de edad”.
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Una finca en Santa Fe de Antioquia, al occidente de Medellín, era usada para fiestas ofrecidas por este extranjero.
Los autos usados para movilizar a las menores y los bienes ocupados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que remplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
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Ana Catalina Noguera Toro, directora de la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía, dijo que “no podemos permitir que los hoteles sean permitidos para esto, siempre tienen que tener avisos donde está prohíbo el ingreso de menores de edad, si llega una niña en uniforme, verificar si viene con el papá a hospedarse o qué otra relación tiene con ese adulto”.
Noticias Caracol intentó comunicarse con dos de los moteles afectados, pero no recibió respuesta.
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