Familia señalada de enriquecimiento ilícito ahora denuncia ser víctima de bandas que buscan caletas

A la casa de Uriel Urrea llegaron hombres que aduciendo ser de la Sijín los intimidaron. Por dos horas vivieron un infierno, que aún no acaba.

El 19 de febrero de este año el país conoció la captura de los hermanos Uriel, Norberto, Alirio y Janete Mora Urrea. Durante las siguientes 48 horas los supermercados Supercundi y Merca Andrea, a su nombre, fueron saqueados en Melgar, El Guamo, Saldaña y Bogotá.

Mientras la Fiscalía asumía el control de los negocios, acusó a los hermanos de manejar parte la fortuna de las FARC.

Esa declaración, aseguran los Mora Urrea, originó lo que vivieron 6 días después a las 3:33 p.m. de la tarde.

A la esquina del conjunto donde vive la familia de Uriel llegaron 12 personas en dos carros mientras en el lobby del edificio otros dos sujetos, como si esperaran a un residente, supervisaban a los vigilantes.

Dos minutos después se ve a una familiar de Mora regresando al edificio, con el hijo menor de Uriel. Cuatro hombres van tras ella, acechándola; la dejan entrar al lobby.

Luego ellos pasan la portería, la imagen deja ver que el primero con un morral a la espalda se identifica.

Todo pasa muy rápido. Uno de los vigilantes se va siguiendo al grupo que tras localizar el apartamento de los Mora tumban la puerta, según lo constata el video grabado por uno de los hijos de Uriel.

De la calle aparecen más hombres empuñando armas y vistiendo chaquetas de la Policía. Todos entran con maletines o morrales; para el abogado de los Mora, un hecho inusual.

"Lo extraño de esto es, ¿por qué llevaban tulas? No conozco policías que lleguen a una diligencia con tulas, siempre van con su armamento, con su identificación y máximo el expediente o la orden que es lo que deben llevar, ¿pero tulas?, ¿para qué llevaban tulas?”, dice Pedro Pablo Carranza, el abogado defensor.

A las 3:26 p.m., cuando uno de los vigilantes intenta llamar al 123, un hombre de gorra, gafas negras y guantes les quita el teléfono y le advierte que él es autoridad.

Todo está escrito en la minuta de seguridad.

“Ingresaron aproximadamente unos 12 funcionarios de la Sijín en forma acelerada y solamente se identificó el primero que ingresó y contestó que era un operativo que no había problema", escribió el celador. 

A las 3:33 p.m., diez minutos después de iniciado el operativo, llega al edificio Sandra Lugo, esposa de Uriel Mora y su hija.

Los sujetos del lobby al verlas reaccionan con nerviosismo, como si además de controlar a los guardas la esperaran.

Un hombre de chaqueta entra apresurado a avisar. Segundos después los hombres del lobby se ponen de pie y se entran al conjunto. Un guarda alcanzó a hablar con Sandra.

“Él comenta que le dijeron no llame a nadie, esto es un allanamiento y que los dejan entrar", señala Sandra.

Al entrar al hogar, Sandra revela que lo primero que sintió fue un arma en la cabeza.

"Ellos me encañonan y yo me asusto. Les digo ‘ay no, guarden esas armas. Les tengo pánico a las armas’. Y ellos me dicen que es un allanamiento", explica la mujer.

Todo fue angustia.

"Y ellos comienzan a golpear las puertas, los cuadros, y empiezan a decir que dónde están las caletas. El piso lo cogían a golpes, los clósets todo lo sacaban, todo lo revolcaban y me decía ‘guerrilleros de mierda’, ¿dónde están las caletas?".

La hija de Sandra llamó a la Policía del cuadrante que llegó a las 4:48 p.m. Entraron, revisaron y pensaron que era un operativo regular.

A las 4:33 p.m., una hora después de haber entrado, una pareja sale del conjunto con morrales a la espalda. La mujer se va por el andén y el hombre por la calle hacia camioneta.

Cinco minutos después, dos de los hombres regresan al edificio con un portátil en la mano. Incluso se despiden de los policías del cuadrante que están de retirada...

En el apartamento Sandra seguía viviendo un infierno.

"Pero sí me preguntaban insistentemente que dónde estaban las caletas, que si nosotros realmente eramos guerrilleros ", cuenta ella.

A las 5:08 p.m., los cuatro hombres que entraron primero al conjunto se van tranquilamente incluso quitándose las chaquetas.

La casa de Mora quedo destruida.

A las 5:16 p.m. llegó un carro de criminalística de la Policía del que se bajaron 3 hombres. Hablaron uno minutos con un uniformado y al igual que lo hicieron los otros entraron al conjunto como Pedro por su casa.

"Dicen que son de criminalística, mueven por un lado, por el otro pero yo no veo nada. Y ya ellos después dicen que yo tengo que firmar y entonces yo les dije: ‘vengan, yo no sé si eso es normal".

Los Mora Urrea le pidieron a la Fiscalía y a la Policía que remitieran copia de la orden de allanamiento. Allí vino la sorpresa porque el fiscal Carlos Nicolás Sotomonte contestó que no sabía quién lo hizo.

"No sé tiene documento alguno sobre el operativo que usted refiere que acaeció el primero de marzo de 2018. Como no se tiene conocimiento de las diligencias del primero de marzo de 2018, no se puede decir qué funcionarios estuvieron allí", dice la respuesta.

El segundo fiscal también contestó igual:

“Efectivamente el fiscal 21 de lavados de activos no ordenó ninguna clase de allanamiento”.

La Inspección General de la Policía le pidió a la Metropolitana que explicara la actuación. Ese despacho respondió 18 días después.

"En nombre de la Policía Nacional le manifestamos nuestro agradecimiento por la información suministrada"

Para los Mora y sus abogados, aquí todo suena y huele mal.

El 12 de junio, una juez revocó la libertad de los Mora. Alirio, antes de quedar en detención domiciliaria, dijo que las acusaciones de tener una fortuna de las FARC los puso en el radar.

"Que nos cuiden porque en verdad nos vendieron a la delincuencia", dice Alirio.

Pero hay más, Uriel Mora, al regresar a prisión, reveló que hombres armados asaltaron uno de los Merca Andrea.

Hace unas semanas otros supuestos policías volvieron a tratar de entrar a la casa de los Mora con esta identificación.

Cuando les pidieron la orden judicial se marcharon.

Hoy los Mora Urrea solo saben que en las calles hay un grupo de hombres armados que buscan los miles de millones de pesos que la Fiscalía asegura manejaron o tienen en su poder.