"El fallo de La Haya no es aplicable sin un tratado"

El presidente explicó que su Gobierno ha decidido cuatro puntos sobre este tema:

1. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos. Esto significa que los límites del país deben ser aprobados por el Congreso de la República y ratificados por la Corte Constitucional.

2. Se declara una zona contigua integral. Esto permite que se continúe la administración del archipiélago y sus aguas aledañas como archipiélago y no como territorio inconexo.

3. Se avanzará en la protección de la la reserva ambiental de Seaflower.

4. No se permitirá las pretensiones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.

El siguiente es el texto del discurso del presidente Juan Manuel Santos:

"Colombianos:

Todos los habitantes de nuestro país seguimos indignados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

A nuestro gobierno -que heredó el manejo de un proceso que llevaba más de una década- le correspondió recibir el fallo y tomar las medidas para enfrentar la situación que generó.

Y lo hicimos desde el primer momento, con varias acciones.

Diseñamos y pusimos en marcha un ambicioso plan de inversiones en beneficio de los sanandresanos, con programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de tecnología, de infraestructura, de energía, y fortalecimos la protección y el apoyo a la comunidad pesquera.

Estas inversiones -que decidimos en conjunto con los isleños, atendiendo sus prioridades- más que duplican la inversión anual histórica en este departamento. Ya son una realidad y se vienen ejecutando a buen ritmo.

El objetivo es hacer del archipiélago una región sostenible que brinde oportunidades de desarrollo a su población.

También denunciamos el Pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya.

Y nos hemos dedicado, con toda aplicación, a desarrollar una estrategia jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para ello hemos contado con el apoyo de reconocidos abogados nacionales y extranjeros, y hemos evaluado y sopesado las distintas opiniones, los diferentes conceptos y tesis, que nos sirvieron para diseñar una Estrategia Integral.

Hoy quiero contarles en qué consiste esta estrategia.

En primer lugar -y después de analizar los estudios y conceptos jurídicos-, me ratifico en lo que dije la misma tarde en que se produjo el fallo.

A mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia.

Ese fue mi juramento al que no puedo ni voy a faltar.

Dentro de mis deberes constitucionales está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender nuestras fronteras y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros Estados.

El artículo 101 de nuestra Carta dice que "los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".

La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho claramente que estos tratados -es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia- deben ser siempre aprobados por el Congreso.

Como presidente tengo la obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional.

Por eso, mi posición es clara y firme:

El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable -no es y no será aplicable- hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución.

Repito la decisión que he adoptado: sin un tratado el fallo de la Corte Internacional de Justicia NO ES APLICABLE.

Como Jefe de Estado defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda.

En este orden de ideas, el Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. ¿Para qué?

Para que reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.

Paso a la segunda decisión.

Hoy he expedido un muy importante decreto cuyo alcance quiero explicarles.

Tanto el derecho nacional como el derecho internacional les reconocen a todas nuestras islas unas áreas marítimas fundamentales: el mar territorial y la zona contigua.

Esas áreas no pueden ser desconocidas, ni vamos a permitir que esto ocurra.

Por eso, con base en las leyes colombianas y teniendo en cuenta principios claros de derecho internacional, por medio de este decreto establecemos los derechos de jurisdicción y control que nos reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas.

Y declaramos la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe Occidental.

En esta zona vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción y control.

Esta área integral permite que continuemos administrando adecuadamente el Archipiélago y sus aguas aledañas -como archipiélago y no como territorios inconexos-, controlando la seguridad en la zona y protegiendo nuestros recursos y nuestro ambiente.

La Zona Contigua Integral que hemos declarado cubre los espacios marinos que se extienden desde el sur -donde están los cayos de Albuquerque y las islas Este-Sudeste- hasta el norte -donde está el cayo de Serranilla-.

E incluye, por supuesto, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Quitasueño, Serrana y Roncador, y las demás formaciones en el área.

Estas islas, islotes y cayos los conozco y los he recorrido, no sólo cuando fui ministro de Defensa, sino desde hace 45 años, cuando fui cadete naval y patrullé sus aguas a bordo de la fragata ARC Antioquia.

Por eso hoy quiero asegurarles a los colombianos: lo que vigilé como marino y lo que defendí como ministro lo voy a proteger, hasta las últimas consecuencias, como presidente.

Vamos a ejercer jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos.

Esto implica que nuestro país puede estar tranquilo de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado en todos sus territorios marítimos.

Una tercera decisión es la de acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la reserva Seaflower en la que nuestros pescadores han adelantado labores de pesca desde hace siglos.

Somos conscientes del gran valor ecológico para el archipiélago y para el mundo de esta área que fue declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

Nicaragua pretendió que la Unesco le reconociera mayores derechos sobre la Reserva. Colombia se opuso.

Celebramos el reciente pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde intervenir en desacuerdos entre naciones, en contra de lo que había pedido Nicaragua.

En el plano interno, he impartido instrucciones para que avancemos, con toda determinación, en las labores de protección ambiental y social, con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al archipiélago.

Y hay un cuarto frente de acción -de veras importante y trascendental- sobre el cual también estamos obrando para contener el expansionismo de Nicaragua en el Caribe.

Sabemos que ese país piensa pedir a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del Archipiélago de San Andrés -tal como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo-.

Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.

Esto es completamente inaceptable y -quiero que quede absolutamente claro- ¡no lo vamos a permitir de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia!

Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren.

Y no estamos solos en esta decisión.

Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas -como son Panamá, Costa Rica y Jamaica- suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General.

De hecho -y esto hay que recordarlo-, el fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites que tenemos vigentes con estos países, los cuales estamos obligados a cumplir.

Ese es otro motivo que NO nos permite aplicarlo y que nos obliga a acudir a las vías diplomáticas.

De nuestra parte, los colombianos pueden estar seguros de que nos vamos a oponer decididamente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua ante cualquier instancia internacional, con argumentos técnicos y jurídicos muy sólidos que están listos desde hace tiempo, los cuales, como ustedes comprenderán, no puedo revelar.

Y no tengo la menor duda, ¡la menor duda!, de que seremos exitosos en ese esfuerzo.

En el decreto que hoy expedimos, también estamos reafirmando jurídicamente que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas.

Esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que nos otorga el derecho internacional.

Así -de forma clara, tajante y contundente- cerramos la puerta a los ánimos expansionistas de Nicaragua.

Todas las medidas que hemos tomado, y las que estoy anunciando, forman parte de esa estrategia integral, cuidadosamente diseñada, para defender los intereses de Colombia.

En desarrollo, entonces, de dicha estrategia hoy hemos dado cuatro pasos fundamentales, que podemos resumir así:

Primero: decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado.

Segundo: consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral.

Tercero: avanzamos en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower.

Y cuarto: frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.

Aparte de estas cuatro medidas -por supuesto- nos reservamos el derecho de hacer uso de los recursos que existen ante la Corte Internacional de Justicia, y de tomar otras acciones.

Ninguna de estas decisiones impide -porque somos también responsables frente a la paz y la seguridad en el Caribe- que quienes pescan en el área puedan seguir haciéndolo como medio de subsistencia para ellos y sus familias.

Compatriotas:

Pueden estar seguros de que -como presidente y como colombiano- seguiré protegiendo nuestros derechos.

Seguiré protegiendo nuestra soberanía, nuestras islas y nuestros mares -y hasta el último centímetro del territorio nacional- sin desmayar un solo minuto.

Y seguiré cumpliendo fielmente con nuestra Constitución -tal como lo juré ante Dios y lo juré ante ustedes- con todo el compromiso, con todo el esfuerzo, con toda la contundencia.

Buenas noches".