Más de 5 mil contratos, en administraciones locales y departamentales, habrían sido alterados o entregados a personas que no cumplen con los requisitos.
En total, son 5.198 contratos investigados por la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía por presuntas prácticas corruptas en el manejo de recursos públicos para asistir a la población más vulnerable durante la cuarentena.
En el primer reporte entregado por el grupo élite, conformado por los entes de control e investigación, se informa la apertura de indagación preliminar por siete contratos para la adquisición de alimentos e implementos médicos con aparentes sobrecostos.
Según las pesquisas, son cuatro las gobernaciones vinculadas: la del Atlántico, de Elsa Noguera; la del Cesar, de Luis Alberto Monsalvo; Santander en cabeza de Mauricio Aguilar y Arauca de Facundo Castillo.
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El contralor Felipe Córdoba dijo que las instituciones llegaron a dañarle la fiesta a los corruptos que aprovechan la emergencia.
"Llegamos rápidamente y actuamos en conjunto las tres instituciones y con efectividad fuimos los que alertamos del atún a $19 mil, del jabón a $33 mil, del chocolate a $9 mil", aseguró el contralor.
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Las alcaldías municipales vinculadas son las de Malambo, a cargo de Rumenigge Monsalve; Acacias, en cabeza de Eduardo Cortés y Melgar de Agustín Manrique, según las autoridades.
Otro de los contratos en la mira es el de la Alcaldía de Puerto Escondido, en Córdoba, en donde por dos días de trabajo se cobró una alta suma de dinero. En esa población, según la Contraloría, habría sobrecostos en los kits de ayuda alimentaria.
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