Las sanciones, que suman $300.000 millones, son por detrimento patrimonial y por una compensación económica que pagó el Distrito.
La primera multa se relaciona con la compra de 218 vehículos compactadores de basuras adquiridos por la Empresa de Acueducto de Bogotá cuando el excandidato presidencial era alcalde. Estos terminaron parqueados en un lote del municipio de Tocancipá. La sanción cobija al gerente de la empresa en la época, Diego Bravo.
Según el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en esta transacción “hubo un detrimento de $40.000 millones a propósito de la inutilización de estos camiones”. Añadió que se compraron un total de 218 vehículos y solo se pudieron usar 102.
La segunda sanción, dice la Contraloría, corresponde a una millonaria multa que debió pagar el Distrito por una supuesta violación al régimen de la libre competencia, luego de que el exalcalde cambiara el esquema de basuras en Bogotá, lo que habría desencadenado un caos en la prestación del servicio.
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Así las cosas, según Granados, Gustavo Petro, al igual que el resto de exfuncionarios involucrados, deberán enfrentar un proceso de cobro coactivo. Y fue más allá sobre unas eventuales aspiraciones políticas del hoy senador: “ningún funcionario puede posesionarse como servidor público si está en el boletín de deudores del Estado de la Contraloría General de la Nación”.
Sobre el tema, el exalcalde de Bogotá se pronunció en su cuenta de Twitter:
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No pusieron preso a Granados para que pudiera poner la multa impagable con el fin de acabar con mis derechos políticos
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2018
Granados es un funcionario de Odebrecht y parte de los dineros robados a través del subcontratista Villegas financiaron muchas campañas al Concejo de Bogotá
A Gustavo Petro aún le queda el recurso de control jurisdiccional.
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