El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención violenta contra una abogada que trabaja como defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP. Se trata de Sandra Mónica Herrera Gaviria, quien está vinculada al sistema de justicia transicional mediante el convenio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el relato de la JEP, la abogada se encontraba atravesando el cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), para ir hasta La Plata (Huila). Luego, tenía proyectado ir hasta Florencia (Caquetá) para desarrollar sus labores de representación legal de los comparecientes de la JEP. (Le puede interesar: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")El trayecto fue interrumpido cuando sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Herrera, que pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Los ocupantes encañonaron a sus ocupantes y sometieron a la abogada y a sus dos escoltas a una retención bajo coacción durante aproximadamente 40 minutos, en una vía destapada de la zona. Posteriormente, los agresores se apropiaron del vehículo blindado, las armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos; como consecuencia, el esquema y la abogada quedaron incomunicados en el lugar.Este hecho de violencia fue antecedido por denuncias que hizo la abogada sobre presuntas amenazas que recibió en su contra. Por esa razón, la magistratura de la JEP le ordenó a la UNP que garantizara su seguridad mediante la asignación de un esquema de protección que fue efectuada el pasado 6 de mayo del presente año. (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La JEP rechazó el hecho de violencia y aseguró que este constituye un “acto de intimidación en el ejercicio de la defensa judicial”. A sus declaraciones, la jurisdicción también agregó su rechazo categórico a “cualquier intento institucional o mediático de restar gravedad al suceso o desvincular a la profesional del sistema de Justicia Transicional por el solo hecho de laborar mediante la modalidad de convenio”.“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura. La JEP exige al Gobierno Nacional y a la UNP la revisión inmediata de los esquemas y garantías de seguridad de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la jurisdicción en las regiones de Colombia”.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, defendió este domingo el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 al considerar que los recursos del Estado deben priorizar la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos. "Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos", afirmó el mandatario en X, donde respondió a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien lanzó el viernes un "SOS" a la comunidad internacional por la reducción de 100.000 millones de pesos propuesta para el tribunal. De la Espriella señaló que la JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018 y detalló que para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario, quien rechazó que cada peso no aprobado se presente como un "castigo" y defendió que el presupuesto debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos. El presidente también cuestionó la gestión administrativa de la JEP y reclamó explicaciones sobre cómo planifica y ejecuta sus recursos, así como sobre los resultados judiciales alcanzados. "Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", manifestó De la Espriella, quien negó que su Gobierno mantenga una política de venganza contra la jurisdicción.Durante la campaña presidencial, De la Espriella llegó a plantear la eliminación de la JEP y cuestionó el gasto de la jurisdicción, una medida que no puede ejecutar unilateralmente, pues el tribunal tiene rango constitucional y su existencia está vinculada al marco jurídico del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC.Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido en tan poco tiempo. Ramelli lanzó el "SOS" ante la propuesta que fue presentada por el senador Enrique Gómez y que plantea trasladar esos recursos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Según la jurisdicción, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos.Ante esta situación, Ramelli pidió a la comunidad internacional que contribuya a garantizar los recursos que considera indispensables para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en las labores de esa jurisdicción, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las extintas Farc.La JEP sostiene que ya arrastra un déficit acumulado de unos 26 millones de dólares y que el traslado propuesto dejaría sin financiación de otro 19,7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que, según el tribunal, pondría en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.También, asegura que otros 9,2 millones de dólares requeridos para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sus sedes quedarían comprometidos, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40 %, con posibles consecuencias para la reserva y seguridad de la información y la gestión digital de los procesos.La alerta de la JEP coincide además con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública. La jurisdicción considera que ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones a la Justicia Penal Militar, una interpretación que atribuye a la combinación de las dos propuestas.Por ello, la JEP anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura. Desde la perspectiva del congresista, este dinero se destinaría para la creación de nuevos despachos o formalización de cargos en la planta de ese organismo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Sus indicadores de resultados son desastrosos”, mencionó Gómez Martínez sobre la JEP. Insistió, además, que mientras tanto los colombianos sufren porque la justicia ha quedado rezagada para atender cerca de 2.2 millones de procesos. Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió el comunicado del congresista, agregando: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.Ante esta propuesta, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pidió que se garanticen los recursos indispensables para su operación. “La JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes”, indicaron en un comunicado.En otro punto, la JEP indicó que en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.(Le recomendamos: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)Respecto a esta situación, manifestaron que “estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.Finalmente, señalaron que la JEP pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.¿Qué dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP?En diálogo con Noticias Caracol, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó que esta reducción presupuestal deja “inoperante a la JEP”. Señaló que lo que están tramitando es una reducción de hasta 185.000 millones de pesos en total, por lo que hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que vean las implicaciones que tienen esas decisiones.“Están afectando el funcionamiento y entonces tocaría que trabaje cada uno en su casa”, señaló sobre el posible cierre de la sede. Explicó que le envío 190 páginas al senador Enrique Gómez respondiendo a un derecho petición. “Están todos los resultados de la JEP, que no son solo sentencias, sino denuncias, amnistías y resultados intangibles en términos de verdad”, explicó acerca de los 60 años de guerra que investiga el órgano.En cuanto a las críticas sobre el tiempo de investigación de la JEP, recordó que son casos macro y que ya hay sentencias en viarios de estos. Incluso planteó que hay 21.000 secuestros investigados. “Hemos sido más rápidos que la justicia ordinaria investigando esa cantidad de casos”, manifestó.También hizo énfasis en la reducción planteada por Gómez Martínez, indicando que la JEP quedaría “básicamente sin presupuesto”, anotando que habría que entregar la sede, no habría seguridad e incluso que “no habría forma de funcionar”. “Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, puntualizó.NOTICIAS CARACOL
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión a Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, en el marco del Caso 07, el cual investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.La JEP busca examinar la trayectoria y funciones desempeñadas por Ramírez, quien fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo jefe de las Farc, para determinar si su cercanía con la comandancia le otorgó un poder de facto o capacidad efectiva de influencia.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdemás, se indagan sus posibles acciones, omisiones o conocimiento sobre los abusos cometidos contra menores dentro de la organización, incluyendo violencias sexuales y reproductivas. También se busca esclarecer responsabilidades ante tratos crueles, tortura y homicidio; violencias reproductivas; violencias sexuales; y violencia por prejuicio contra menores con orientaciones de género diversas.A propósito del tema, la magistrada Lily Rueda explicó, en entrevista con Noticias Caracol, que la JEP documentó la trayectoria de más de 30 años de Sandra Ramírez en las antiguas Farc, identificando que cumplió labores de comunicación, radioperadora, documentación e información entre Manuel Marulanda y los mandos de bloque. "Es una oportunidad de esclarecimiento, para la verdad y el aporte de las víctimas", detalló Rueda.Rueda resaltó que este rol se dio también en el marco de la cercanía personal que mantenía con el máximo dirigente y fundador de la guerrilla. A partir de las funciones identificadas y los señalamientos de víctimas, la Sala formuló una hipótesis para indagar si Ramírez ejerció un poder de facto sobre otros integrantes y cuál fue su alcance, especialmente respecto a las violencias de género sufridas por niñas en las filas.La magistrada definió la versión como una oportunidad de esclarecimiento, aporte a la verdad y participación garantizada tanto para las víctimas como para la compareciente. En la diligencia se le presentarán testimonios y relatos de víctimas que la señalan por presuntas acciones u omisiones, con el fin de escuchar su versión sobre los hechos y su trayectoria.Recordó que Ramírez firmó un acta de compromiso con la JEP, por lo que tiene la obligación procesal de asistir y aportar verdad. La magistrada Rueda aclaró que aportar verdad no implica necesariamente un reconocimiento de responsabilidad, sino dar su versión informada sobre los fenómenos investigados. Dicha diligencia está convocada para el 4 de noviembre.NOTICIAS CARACOL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomará una decisión determinante en torno a la exsenadora y excompañera sentimental de alias Tirofijo, Sandra Ramírez. La desmovilizada podría ser llamada a versión libre por el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La jurisdicción estudiará una ponencia que propone llamar a rendir versión libre a la exsenadora. En el centro de la investigación están los testimonios de víctimas que han señalado que Ramírez habría tenido conocimiento de las prácticas que se presentaban al interior de los campamentos de la guerrilla. Se trata de una carta enviada por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia en abril de este año pidiendo incorporar a Ramírez al expediente.Una de esas víctimas que ha insistido en ser escuchada por la JEP es Daisy Guanaro, quien asegura haber sido reclutada cuando era menor de edad por las Farc. En el programa Los Informantes narró los vejámenes de los que fue víctima. "Y nos dice: Bueno, ustedes tomen. Y empieza a llevar una bolsa, yo me acuerdo tanto, una bolsa negra y nos empieza a repartir así ropa interior. Ese brasier que a mí me pusieron no me quedaba bien, no era mi talla, yo no tenía senos", relató.Según Guanaro y su crudo relato, Sandra Ramírez habría propiciado que fuera abusada sexualmente por integrantes del secretariado de las Fard. "Y vuelvo a sufrir otra violación asquerosa y humillante por órdenes de esa senadora Sandra Ramírez. Por eso he tenido la capacidad, la capacidad sin mentir, viendo las cámaras, de denunciarla ante la JEP", añadió.La propuesta es de la magistrada Lily Rueda y será discutida en la subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Si es aprobada, Ramírez deberá explicar qué conoció sobre el reclutamiento de menores de edad y qué papel habría tenido dentro de la estructura de las Farc. La investigación hace parte del macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La JEP ha identificado 18.667 víctimas de estas prácticas."Me llevaron no solamente a mí, sino a varios niños nos reclutaron. Yo salí a comprar un desayuno a la vuelta de mi casa y fue cuando desafortunadamente esa noche fui abordada por personas de las Farc que nos llevaron a un camión y pues al otro día en la madrugada nos sacaron hacia el río Magdalena para empezar pues ya la travesía hacia un campamento de la guerrilla que quedaba sobre el Cimitarra", aseguró en julio de 2025 Sara Morales, otra víctima del reclutamiento forzado de las extintas Farc. La decisión de la JEP será clave para establecer si Ramírez deberá responder formalmente ante la jurisdicción por los señalamientos que han hecho las víctimas.TATIANA SANABRIAEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Durante el primer discurso que ofreció Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, dedicó unas palabras a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enfatizando que “el pueblo colombiano conoce mi posición frente” al alto tribunal, “lo expresé con claridad a lo largo de la campaña”. (Lea también: De la Espriella sobre la JEP: “Respetaré el orden jurídico vigente sin renunciar a revisar”)“Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas. Respetaré el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”, agregó, asegurando que “la reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia, la verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”.“Piense en las víctimas”: RamelliEn entrevista con Caracol Radio, el presidente de la JEP reconoció que la jurisdicción ha recibido críticas, algunas de las cuales “vienen de las víctimas, que yo respeto profundamente porque vienen desde su dolor, desde lo que les sucedió, y es perfectamente entendible. Esas críticas lo que me generan es una enorme empatía. Pero hay otras que vienen del desconocimiento de lo que hacemos realmente. Lo que tienen es otro tipo de intereses, tienen que ver con las verdades y con que estamos procesando a personas nunca investigadas ni juzgadas. Son un doble o triple discurso, pero finalmente muchas de esas críticas lo que tienen es un ánimo negacionista, lo que quieren es ocultar la verdad”.Pero pese a esto, recordó la labor que hace el alto tribunal al abarcar cerca de 250 mil delitos con más de 300 mil víctimas: “Investigamos como lo hace la Fiscalía, juzgamos como lo hacen miles de jueces y tribunales en Colombia; tenemos que brindarles protección a las víctimas, entonces decretamos medidas de protección para víctimas y comparecientes; tenemos que brindarles atención psicosocial a los unos y a los otros como la que tendría que hacer el Estado colombiano a través del Ministerio de Salud; tenemos que garantizarles defensa a los comparecientes y unos abogados a las víctimas como lo haría la Defensoría del Pueblo, y tenemos que vigilar el cumplimiento de nuestras sentencias como lo harían los jueces de ejecución de penas”.Por eso, le pidió al presidente De la Espriella “que piense precisamente en las víctimas, en esas víctimas a las que nosotros hemos escuchado, a quienes les hemos dado una solución, a cuyos victimarios hemos imputado”, asegurando que, aunque tuvo fallas en su implementación, “ha sido exitoso. Yo no creo que los problemas de seguridad del país tengan relación con el acuerdo de paz”.Por otro lado, expresó su confianza en que la relación con el nuevo presidente esté “basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”. (Lea también: Lo que dijo De la Espriella sobre cadena perpetua para quienes atenten contra mujeres y niños)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Tras juramentarse como presidente de Colombia en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Abelardo de la Espriella se trasladó al Batallón Pichincha, también en la capital del Valle del Cauca, y allí pronunció su primer discurso como mandatario de Colombia. Habló, entre otras, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Señaló que, tal como lo había dicho durante su campaña, le pondrá el ojo a este tribunal porque “una Nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede hacer aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”.Sin embargo, enfatizó en que respetará “el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”.“La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia. La verdadera reconciliación descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”, enfatizó Abelardo de la Espriella en su discurso.La respuesta de la JEP Hace unos días, tras las críticas del entonces presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, el presidente de la JEP recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional."Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.
La JEP informó que imputará por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc, entre los que se encuentran cuatro miembros del secretariado del grupo ilegal, entre los que se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko. Además de él, también enfrentarán cargos: Milton De Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico o Mauricio Jaramillo, y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)Los imputados eran integrantes de los bloques Sur y Oriental, los más grandes de las antiguas Farc que, según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, “operaban en 15 departamentos. Estamos hablando de casi la mitad de Colombia”.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, fue más específica y dijo que los crímenes se cometieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, el oriente de Boyacá y zonas del nororiente de Caquetá, zona de operación del Bloque Oriental. Además, en Huila, Putumayo, Nariño, Amazonas, el oriente del Cauca y zonas limítrofes entre Meta y Caquetá, donde operó el Bloque Sur.¿De qué crímenes los acusan?“De acuerdo con lo indagado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los comparecientes fueron determinantes para la ejecución de los planes de la guerrilla, tenían mando sobre la tropa y autoridad para castigar a los subalternos”, señala el alto tribunal. Respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, indica que se trata de: “asesinatos y masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual contra civiles. También se les llama a reconocer responsabilidad por dirigir ataques intencionales contra la población y objetos protegidos (como escuelas y hospitales) en tomas guerrilleras y atentados”. Añade: “La imputación abarca el uso de métodos prohibidos como matar o herir a traición, atacar misiones médicas que usan el emblema de la Cruz Roja, destruir bienes indispensables para la población (como acueductos) y el uso indiscriminado de minas antipersonal”.“La justicia transicional colombiana pudo esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades, cómo sucedieron los hechos, las lógicas y patrones criminales”, señaló el presidente de la JEP, quien sostuvo que “es la radiografía más completa y profunda que se ha realizado en Colombia”, explicando que se cruzan dos macrocasos: “El 10, que son violaciones al derecho internacional humanitario, y el 11 que es relacionado con violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida por las Farc”.Aseguró que “en la justicia ordinaria, el 97,94 % de estos crímenes no tenían condenas y el 90 % de los casos estaban en etapa preliminar”. De acuerdo con el magistrado Ramelli, es la primera vez que los integrantes del secretariado de las extintas Farc y quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos hechos.El togado también hizo referencia a las víctimas, 2.436 “de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por dinámicas de control social y territorial; estamos hablando de pastores de iglesias cristianas y evangélicas, sacerdotes católicos, soldados, policías, familias buscadoras y sobre todo víctimas pertenecientes a la Fiscalía -fiscales, investigadores- que fueron igualmente victimizados. Además de algunas figuras públicas de connotación nacional”, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros.Asimismo, la imputación “recoge tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores, así como masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, Huila, o los de Puerto Rico, Caquetá. Además, establece responsabilidades por atentados como el del Club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los atentados contra Germán Vargas Lleras”, o “el atentado de 2003 con un 'caballo bomba' en Chita, Boyacá, donde murieron ocho personas, entre ellas un niño, y donde más de 30 personas quedaron heridas. Muchas de ellas tienen secuelas permanentes como lesiones auditivas, visuales y físicas irreversibles”, indicó la JEP.Ramelli fue enfático en decir que “nunca se ha investigado tanto a las Farc como se ha hecho y este auto es una prueba más”, al recordar la primera sentencia de la JEP por 21 mil secuestros y otros casos que ha procesado el alto tribunal, con los que “hoy ya alcanzaríamos la cifra de 109 exintegrantes de las antiguas Farc considerados máximos responsables”. (Lea también: A diez años del acuerdo de paz, Santos, Defensoría y JEP defienden el proceso)¿Qué pasará tras la imputación a los exintegrantes de las Farc?La JEP informó que los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad por los hechos imputados o rechazarlos. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.La Jurisdicción, además, ordenó a los imputados “que aporten toda la información faltante que esté a su disposición, tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques, de los que ha identificado 241 casos. “Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados podrán dar la cara a la justicia, a las víctimas y al país”, explicó.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó este lunes 21 de septiembre un contundente mensaje a los delincuentes más buscados del país, a los que advirtió que si no se someten a la Justicia van a terminar "en una bolsa y muertos". Esto lo dijo luego de un consejo con sus ministros.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)De la Espriella se refirió a los siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, el segundo cabecilla del grupo paramilitar, que murieron este lunes en un operativo de la Fuerza Pública en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena."Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos", advirtió el presidente en Bogotá, donde llevó a cabo el consejo de ministros. El mandatario aseguró que se trasladará hasta Santa Marta para dirigir "personalmente las operaciones" que se realizan contra el grupo paramilitar."He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población", escribió más temprano De la Espriella en su cuenta de X. Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. Además, según De la Espriella, contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva".En la operación se capturaron a tres personas y se incautó 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y abundante material de guerra. "Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal. Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado", señaló De la Espriella respecto al presunto anuncio del grupo paramilitar sobre un paro de 48 horas en protesta contra el Gobierno."No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", añadió el mandatario. Esta tarde, luego del operativo, dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon La Troncal, la vía principal que conecta a Santa Marta con el norte del departamento, informaron medios locales.De la Espriella le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación. La escalada de violencia cobró este lunes la vida de al menos tres militares, quienes murieron por la activación de un campo minado en el departamento del Meta (centro), un ataque que las autoridades achacan a una disidencia de las FARC.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La búsqueda de empleo continúa con nuevas oportunidades para quienes viven en Bogotá y están interesados en vincularse a empresas de diferentes sectores. Durante este martes 22 y miércoles 23 de septiembre de 2026, la estrategia Talento Capital tendrá dos jornadas de selección, una virtual y otra presencial, que reúnen 480 vacantes laborales. Las convocatorias son promovidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con diferentes empresas.Las ofertas están dirigidas principalmente a personas con estudios de bachillerato, formación técnica o tecnológica. Además, hay cargos en los que se puede participar sin acreditar experiencia laboral previa. Para quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades, es importante revisar con anticipación los requisitos, horarios y modalidad de cada convocatoria. También se recomienda contar con una hoja de vida actualizada y realizar el proceso únicamente mediante los canales indicados por la Agencia Distrital de Empleo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA50 vacantes para asesores comerciales este martes 22 de septiembreLa primera jornada se realizará de manera virtual este martes 22 de septiembre y contempla 50 vacantes para asesores y asesoras comerciales. La convocatoria se desarrolla junto con la empresa Grupo COS S.A.S. y está dirigida a personas que tengan como mínimo formación de bachillerato. También pueden participar quienes cuenten con estudios técnicos o tecnológicos.Uno de los aspectos de esta oferta es que no se exige experiencia laboral, por lo que puede ser una alternativa para personas que están buscando su primera oportunidad en este tipo de cargos. Entre las funciones asociadas a las vacantes se encuentran las actividades comerciales, la atención a clientes, la búsqueda de nuevos usuarios y el contacto telefónico. La jornada de selección se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. Quienes quieran participar deberán conectarse a través de Google Meet en el horario establecido, con el siguiente link.430 vacantes en Bogotá para cargos de cocina, producción y transporteLa segunda jornada está programada para el miércoles 23 de septiembre y tendrá una modalidad presencial en la localidad de Chapinero. En esta oportunidad se ofrecen 300 vacantes para diferentes cargos relacionados con servicios y gastronomía. La convocatoria se realiza con la empresa GATEGOURMET S.A.S. Entre los puestos disponibles se encuentran:Auxiliares de cocina.Auxiliares de panadería.Auxiliares de bodega.Auxiliares de planta.Auxiliares de producción.Conductores y conductoras.En el caso de los cargos de conducción, se solicita contar con licencia de conducción C2 o C3. La convocatoria está dirigida a personas con formación de bachillerato, técnica o tecnológica, de acuerdo con el cargo al que quieran postularse. La jornada presencial tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., en la calle 59 #13-33, en la localidad de Chapinero. Las personas interesadas deben realizar previamente el proceso de inscripción indicado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y acudir al lugar en el horario establecido.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Este lunes 21 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha en Colombia. Los jugadores podrán consultar los números ganadores de ambos sorteos una vez finalice la transmisión y sean publicados oficialmente.La jornada corresponde al sorteo número 2712. Para este lunes, Baloto tiene un acumulado de $59.600 millones, mientras que Revancha llega a $2.600 millones, de acuerdo con la información publicada por el operador.¿A qué hora juega Baloto y Revancha?Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. Las jornadas son transmitidas en vivo por Canal 1. Para este lunes 21 de septiembre, tanto Baloto como Revancha hacen parte de la programación correspondiente a la jornada nocturna de juegos de azar.¿Cómo jugar Baloto y Revancha?Participar en Baloto y Revancha es sencillo. El jugador debe realizar una apuesta de Baloto por $6.000 y seleccionar sus números ( 5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16). Si además quiere participar en Revancha, puede hacerlo con los mismos números de Baloto y pagar un valor adicional.Para jugar Revancha es necesario haber realizado primero la apuesta de Baloto.Resultados de Baloto hoy El sorteo de Baloto de este lunes 21 de septiembre tiene como ganador los números:Números ganadores: 04 - 23 - 22 - 15 -17Superbalota: 10Resultado de Baloto Revancha hoy El acumulado anunciado para esta jornada es de $2.600 millones.Números ganadores: 40 - 05 - 33 - 36 - 32Superbalota: 04¿Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha?La apuesta de Baloto tiene un valor de $6.000, IVA incluido. Si el jugador desea participar también en Revancha, debe pagar $3.000 adicionales, por lo que el valor total de una jugada de Baloto más Revancha es de $9.000.De acuerdo con la información del operador, estos valores incluyen el IVA del 19 % en los departamentos de Colombia, con excepción de San Andrés.¿Qué es Baloto?Baloto es un juego de tipo loto en línea de suerte y azar. La apuesta permite participar por un acumulado multimillonario que parte de $4.300 millones y puede aumentar en cada sorteo cuando no hay un ganador del acumulado.¿Cómo comprobar los resultados?Una vez publicados los números ganadores, los jugadores pueden comparar las cifras de su tiquete con las combinaciones oficiales de Baloto y Revancha. El operador también dispone de un verificador de resultados para consultar si una jugada obtuvo algún premio. Es importante conservar el tiquete y verificar los números directamente con la información oficial antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Este lunes 21 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, juegos de azar que entregan diferentes premios y cuentan con mecanismos distintos para definir a sus ganadores. En el caso de las loterías tradicionales, los jugadores deben revisar no solo el número de cuatro cifras, sino también la serie cuando corresponda.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALotería de Cundinamarca La Lotería de Cundinamarca tiene programado para este lunes un nuevo sorteo, en el que está en juego diferentes premios secos. Resultado del premio mayor:Número ganador: 5341Serie: 078Premio mayor: $10.000 millonesEl sorteo está programado para las 11:15 de la noche. Además del premio mayor, los participantes pueden revisar los resultados de los diferentes secos incluidos en el plan de premios.Lotería del Tolima La Lotería del Tolima también tendrá este lunes una nueva jornada, con un premio mayor de $3.500 millones, además de otros premios distribuidos en diferentes categorías. Resultado del premio mayor:Número ganador: 4008Serie: 055Premio mayor: $3.500 millonesEl sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y los jugadores deben conservar el billete o la fracción para verificar posteriormente si obtuvieron algún premio.Baloto y RevanchaBaloto y Baloto Revancha también tienen una nueva jornada este lunes 21 de septiembre. Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.400 millones, mientras que Revancha cuenta con $2.000 millones.Resultado BalotoNúmeros ganadores: 04 - 15 - 17 - 22 - 23 Super Balota: 10Resultado Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 05 - 32 - 33 - 36 - 40Super Balota: 04A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega con cinco números y una Super Balota. Los resultados de Revancha se verifican mediante su combinación correspondiente y el tiquete participante.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.NOTICIAS CARACOL
Los HEAT Latin Music Awards tendrán por primera vez una edición en México. La gala de 2026 se realizará el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, como cierre de una semana de actividades relacionadas con la música latina.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa denominada Semana HEAT se desarrollará entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre en distintos puntos de Jalisco.Los HEAT Latin Music Awards fueron creados en 2015 y su primera ceremonia se realizó en Punta Cana, República Dominicana. En esa edición se entregaron 13 reconocimientos y J Balvin obtuvo tres, entre ellos Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Urbano.A lo largo de sus primeras ediciones, la ceremonia se mantuvo principalmente en República Dominicana. En 2024 celebró su décimo aniversario, con 29 categorías y 20 presentaciones musicales. Entre los artistas reconocidos ese año estuvieron Karol G, Feid, Silvestre Dangond, Morat, Luis Alfonso y Manuel Medrano. Karol G obtuvo siete premios en esa edición.El siguiente cambio de sede ocurrió en 2025, cuando los premios se realizaron por primera vez en Colombia. La ceremonia tuvo lugar en Medellín y Beéle fue uno de los principales ganadores, con cuatro premios de las siete categorías en las que estaba nominado.Ahora, en 2026, la organización trasladará nuevamente la ceremonia a otro país de la región. Puerto Vallarta será la sede de la primera edición mexicana, en una alianza con autoridades de Jalisco y del municipio.Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, destacó la relación que la organización busca establecer con el estado de Jalisco para esta edición: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música. Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma”.¿Qué tendrá la edición de Jalisco?La organización anunció que la edición incorporará elementos de la cultura del estado, entre ellos artesanías como la cerámica de Tonalá, el arte wixárika, el vidrio soplado, la juguetería tradicional y el cinto piteado.El anuncio de la llegada de los premios a México se realizó el 13 de agosto en Miami, durante un encuentro con medios, artistas y representantes de la industria musical.NOTICIAS CARACOL
