Las llamas del Palacio de Justicia siguen ardiendo en la conciencia de Colombia

Las llamas del Palacio de Justicia siguen ardiendo en la memoria y la conciencia de Colombia. Hace 30 años, a sangre y fuego, la guerrilla del M-19 y las Fuerzas Militares escribieron uno de los más dolorosos capítulos de la historia nacional. El resultado: cerca de 100 muertos y 11 desaparecidos que se resisten a ser olvidados.

El miércoles 6 de noviembre de 1985, hacia las 11:30 de la mañana, un grupo de 35 guerrilleros se tomó violentamente el Palacio. Disparando a mansalva, los subversivos se atrincheraron en el emblemático edificio, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Fue el inicio de una masacre. En manos del M-19, como rehenes indefensos, quedaron cerca de 350 personas, entre magistrados, trabajadores de la sede judicial y visitantes.

La reacción del Ejército y la Policía no resultó menos violenta. Usando tanques de guerra, helicópteros, abundante munición y gases lacrimógenos, desplegaron una sangrienta retoma que terminó un día después, el 7 de noviembre.

Aunque varios rehenes fueron liberados, al menos cien personas -entre civiles, guerrilleros y miembros de la fuera pública- murieron tiroteadas, algunas desmembradas e incineradas, paradójicamente, en un palacio que era el símbolo de la justicia en Colombia. De nada sirvieron las súplicas de las víctimas.

Lo ocurrido fue, recuerdan  periodistas de la época, la crónica de una toma anunciada. Mucho se murmuraba sobre las intenciones del M-19 de tomarse el Palacio y, sin embargo, la seguridad de la edificación fue reducida días antes. Incluso, de acuerdo con relatos de testigos, los detectores de armas fueron retirados.

La Comisión de la Verdad que investigó los hechos estableció que "el Palacio fue arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado”. 

Los investigadores concluyeron que “hubo  uso de armamentos y explosivos de todo tipo, un  inexplicable vacío del poder del gobierno” y tres incendios que no solo acabaron con vidas, sino que dejaron reducidos a cenizas expedientes.

El M-19 alegó que se tomó el Palacio por el incumplimiento de pactos por parte del presidente Belisario Betancur. Versiones indican que contaron con el apoyo económico de pablo escobar y el cartel de Medellín, a quienes les interesaba dar un golpe a la Corte Suprema, que analizaba el tema de la extradición.

Una de las heridas que siguen abiertas es la de los desaparecidos. La Comisión de la Verdad dice que "no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del palacio de justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada".

A lo largo de los años y gracias especialmente a la terquedad de las familias de los 11 desaparecidos, se han recopilado testimonios y grabaciones que han permitido reconocer a algunos de ellos saliendo con vida de la sede judicial hacia la Casa del Florero, desde donde se comandaba la retoma militar.

Por ahora algo de calma ha llegado a las casas de cuatro de estas personas: en el 2000 fue encontrado el cadáver de Ana Rosa Castiblanco y este año se identificaron los restos de Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela.

Dos altos mandos militares han sido condenados por hechos relacionados con el holocausto. El general Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de cárcel y el general Luis Alfonso Plazas Vega, a 30 años de prisión. Algunos cuestionan que la cúpula del M-19, en cambio, fuera amnistiada por el posterior acuerdo de paz con esa guerrilla.

Se ha puesto en duda, además, el papel que jugó el presidente Betancur y la orden impartida por el gobierno para silenciar las emisoras de radio que transmitían en vivo lo sucedido y exigirles pasar un partido de fútbol.

Lo cierto es que el fantasma del Palacio de Justicia sigue vivo: tres décadas después hay aún muchas dudas por resolver, muertos que quieren hablar y familias que esperan conocer la verdad para por fin descansar en paz.